"Lo mejor sería no entregarlos"

El consejero de Presidencia, José Joaquín Ripoll, entregó ayer, personalmente, al presidente de las Cortes Valencianas, Héctor Villalba, tres cajas con documentación de Ràdio Televisió Valenciana. En la primera de ellas, el consejero incluyó 99 contratos de retransmisión de corridas de toros firmados por Canal 9 desde 1989 hasta el 31 de marzo pasado. En la segunda caja, el portavoz del Consell colocó 79 contratos de producción y en la tercera otros 96. En total 176 contratos de producción firmados por la televisión valenciana desde 1989 hasta el 31 de marzos pasados. Una cantidad de documentación mucho mayor que la solicitada por los restantes grupos parlamentarios, que sólo habían exigido los contratos firmados desde 1996 hasta la actualidad. Es decir los contratos firmados durante la etapa en que Jesús Sánchez Carrascosa, ex jefe de gabinete del presidente Eduardo Zaplana, fue director de Canal 9. José Joaquín Ripoll advirtió que en las cajas se incluía un sobre con tres informes jurídicos -uno elaborado por RTVV y otros dos de los servicios jurídios de la Generalitat- en los que se advierte que la difusión del contenido de los contratos puede provocar acciones legales de terceros -las productoras con las que ha contratado Canal 9-. Héctor Villalba, sin abrir las cajas, depositó la documentación en manos del letrado mayor de las Cortes y ordenó que se remitiesen los informes jurídicos aportados por el Consell a los miembros de la Mesa y a los portavoces de los grupos parlamentarios. Igualmente, el presidente de las Cortes se comprometió a convocar a la Mesa y a la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas el próximo miércoles para decidir cuál es el procedimiento más idóneo para que los distintos diputados, en representación de sus grupos parlamentarios, analicen los contratos remitidos. Secretos industriales En los informes jurídicos elaborados por la Consejería de Presidencia de la Generalitat se concluye que "lo mejor sería no entregar los contratos" por la existencia de límites derivados del interés público y del interés de particulares. Respecto al interés de particulares -las productoras-, la Generalitat advierte que los contratos pueden contener datos que afectan al derecho a la intimidad de las personas. Además, el informe compara la divulgación del contenido de los contratos con la "divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se ha tenido acceso legitimamente pero con deber de reserva". Posteriormente, el informe concluye: "Es patente aquí, pues, la existencia de un posible perjuicio patrimonial para los terceros productores que hayan contratado con TVV, sin perjuicio igualmente de la posible vulneración de su propiedad intelectual". Si el citado informe de la Generalitat avala las tesis de RTVV, el segundo está referido al "régimen jurídico de los contratos". En este caso, la documentación aportada por Ripoll indica que "atendiendo únicamente a la literalidad de los contratos, sin haber realizado un análisis de los expedientes que dieron soporte a dichos contratos, se estima en principio la conformidad de derecho de los mismos". Por último, el tercero de los informes jurídicos, realizado directamente por RTVV, considera que la ley no confiere a las Cortes, "de forma directa", el examen de la gestión económica y presupuestaria de la gestión de RTVV, sino que éste corresponde a la Sindicatura de Comptes. Igualmente, el escrito advierte que el secreto de los contratos sólo podrá levantarse a instancia de parte o de oficio.