Juristas catalanes impulsan la unión de los sectores judiciales progresistas
La Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD) ha redactado un manifiesto con la intención de generar un debate entre los sectores judiciales progresistas de toda España y articular una alternativa a la actual política del Gobierno del PP, así como coordinar en una federación las organizaciones de jueces, fiscales y abogados que comparten estos planteamientos. Los impulsores del manifiesto aseguran que defiende la regeneración de la justicia y que debe entenderse como un servicio público.
Bajo el título de La justicia va mal pero tiene solución, los impulsores del manifiesto aseguran que se trata de un documento de trabajo que contiene una propuesta "no excluyente". Por ello, invitan a los operadores judiciales a incorporarse al debate y combatir así el "sombrío panorama" que se ha creado durante los dos años del Gobierno del PP. El documento está siendo debatido entre esas asociaciones judiciales y ha recibido ya el apoyo de la Asociación Crítica del Derecho de Madrid y de las asociaciones de juristas demócratas de la Comunidad Valenciana y de las Baleares. Joaquim Maria Molins, presidente de la ACJD y decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, considera que el Libro Blanco de la justicia es un gran instrumento de trabajo, pero hace falta tomar decisiones políticas y legislativas para desarrollarlo y que no se convierta al cabo de tres años en un ejemplar de biblioteca". La Associació Catalana de Juristes Demòcrates agrupa a 400 profesionales, principalmente abogados, aunque a ella pertenecen también conocidos magistrados y fiscales, además de secretarios judiciales y catedráticos de Derecho. El manifiesto censura que el Gobierno presente como retos "que no son sino retoques coyunturales e interesados de leyes anteriores" las reformas de la Ley del Jurado y el Código Penal. Por eso, elabora un decálogo que analiza la situación actual. En este sentido, se censura duramente lo que se considera un recorte en materia de libertades con medidas como la reducción de la edad penal. También se critica "el nulo peso político del Ministerio de Justicia", así como que el año pasado dejase de gastar el 15% del dinero que tenía presupuestado o que haya perdido en favor de Interior las competencias penitenciarias. La Fiscalía Anticorrupción Los impulsores del documento consideran igualmente que el Ejecutivo ha instrumentalizado a la fiscalía y ha bloqueado la labor de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Carlos Jiménez Villarejo por no dotarla con los medios necesarios. En cuanto a las propuestas legislativas, se exige la retirada del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil porque crea un modelo "farragoso y lento", así como la rápida entrada en vigor de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, que padece un gran atasco. La ACJD asegura que existe una desorganización de la Administración de justicia que comporta que el ciudadano la vea como "una maquinaria cara, lenta e injusta". En cuanto a las comunidades autónomas, se propugna el traspaso de las competencias, que los médicos y arquitectos organicen un turno de oficio para emitir dictámenes y que los colegios de abogados y procuradores dejen de "actuar sólo como centros de influencia".
