La Diputación de Alicante suspende subvenciones a Elche, Alcoy, Aspe y San Juan por "irregularidades"

La Diputación de Alicante, gobernada por el PP, decidió ayer suspender cautelarmente las subvenciones asignadas a cuatro importantes proyectos de obras públicas en fase de ejecución en las localidades de Elche, Alcoy, San Juan y Aspe, todas ellas gobernadas por el PSPV. El diputado delegado de Cooperación y Obras, Antonio Botella, anunció que los técnicos de su departamento han detectado "serias irregularidades" en los procesos administrativos seguidos por los respectivos ayuntamientos para la adjudicación de las obras.

Botella no explicó de qué irregularidades se trataba, y se limitó a comentar que en la mayoría de los casos la documentación es "insuficiente" para que la Diputación satisfaga la subvención comprometida. La suspensión cautelar puede convertirse en definitiva si los ayuntamientos no remiten con celeridad el expediente completo de las contratas, ya que el organismo provincial se rige por plazos fijos a la hora de conceder ayudas. En esta ocasión se trata de la urbanización de la avenida de la Hispanidad de Alcoy, la de la calle Castelar, Barranco y Fuente de la Peña en Aspe, la dotación de servicios urbanos en la N-332 en San Juan y el abastecimiento de agua de la pedanía de Matola, en Elche. Las obras presupuestadas en su globalidad en más de 525 millones, estaban subvencionadas en un 60% por la Diputación. La medida es una clara respuesta a una solicitud formulada la semana pasada por el portavoz del PSPV en la Diputación, Antonio Mira-Perceval, en la que exigía al equipo de gobierno que dirige el popular Julio de España una copia del expediente administrativo referido a una obra adjudicada por el Ayuntamiento de Dolores, y subvencionada en un 60% por el organismo provincial, contrata que es objeto de una investigación judicial ante un posible delito de falsificación de documentos. Para el PP, fiscalizar los procesos de contratación de los ayuntamientos significa menoscabar la autonomía municipal, pero ante la presión de la oposición optó por revisar todos los expedientes de obras subvencionadas durante el ejercicio de 1997. Antonio Botella reconoció ayer que ese proceso "será largo" y acabará, "sin duda", en los tribunales. Todas aquellas anomalías que sean detectadas serán objeto de un informe jurídico, que en el caso de alertar sobre un posible delito se trasladarán a la Fiscalía para que complete la investigación y depure responsabilidades. La decisión de revisar todos los expedientes, que tendrán que ser remitidos por los ayuntamientos si quieren cobrar la subvención, paralizará casi por completo la ejecución del Plan Provincial de Obras, en el que la Diputación invierte 7.000 millones de pesetas anuales. "Los funcionarios intentarán compaginar la revisión de documentos con su trabajo cotidiano, y harán lo que puedan", advirtió Botella, que reconoció que el PSPV le había empujado a un camino "sin retorno", dado que él mismo incurriría en delito si no pusiera en conocimiento de los jueces las sospechas de alguna falta administrativa o delito penal que detectaran sus técnicos. El equipo de gobierno de la Diputación está "convencido" de que este proceso desembocará en una situación "amarga" para muchos ayuntamientos, ya que los secretarios generales de los consistorios, al serle reclamado por un organismo externo un expediente completo, suelen acompañar los legajos con un informe en el que alertan de carencias documentales para eludir cualquier tipo de responsabilidad, que de esta forma recae directamente en los políticos. Los diputados socialistas reaccionaron ante la noticia de forma desigual. Mientras unos apostaban por "poner freno a esta locura", otros acusaban al PP de intentar desviar la atención de los escándalos que afectan a municipios que gobiernan en la Vega Baja, concretamente Dolores y Orihuela. Esta última postura es la que comparte el portavoz del PSPV, Antonio Mira-Perceval. "Si el PP quiere revisar todos los expedientes es cosa suya; nosotros no se lo hemos reclamado", declaró. Para el dirigente socialista, comparar la carencia de un documento con su falsificación es "una memez y rizar el rizo". "Si el PP no es capaz de gestionar, que lo deje", concluyó. Fuentes del mismo partido, sin embargo, se mostraron "preocupadas" ante la investigación iniciada por el PP, que reconocen podría salpicar al PSPV cuando se revisen los expedientes de obras en municipios en los que gobiernan, como Bigastro o Biar, en los que la Diputación ya ha anunciado que pondrá "especial empeño" para esclarecer las contratas.