Los jueces piden la captura de 3.500 personas que deben cumplir condena
Los cuatro jueces de la plaza de Castilla de Madrid que se encargan de velar porque se ejecuten las sentencias penales dictadas por otros colegas tienen en este momento en situación de búsqueda y captura a "entre 3.000 y 3.500" personas, según datos facilitados por los juzgados. Son ciudadanos sobre los que ya pesan condenas firmes -de hasta seis años de cárcel- y que la policía no localiza en sus teóricas casas. Los jueces ordenan que se les busque para comunicarles que deben cumplir la condena recaída sobre ellos (prisión, abono de multas e indemnizaciones a víctimas, trabajos de utilidad pública ... ). Los huidos asistieron al juicio, algunos esposados y otros no, pero luego desaparecieron sin dejar rastro.
Se coloca sus nombres en el fichero de búsquedas y capturas que existen desde hace varios años en los juzgados porque no responden a las citaciones para que se personen ante el juez. Y no lo hacen porque, o bien se han cambiado de domicilio sin comunicarlo previamente, o bien se han marchado a sus países de origen -como ocurre con muchos inmigrantes-, o bien porque se ocultan a conciencia para librarse de la cárcel o eludir pagar la multa o indemnización impuestas. "Casi todos los días la policía trae detenidas a la plaza de Castilla a unas diez o doce personas contra las que había orden de búsqueda y captura", explica Javier Martínez Lázaro, titular del Juzgado número 4 de Ejecutorias Penales de la plaza de Castilla. Pero mientras unos aparecen, "otros desaparecen", admite este magistrado.
La cifra de 3.500 ciudadanos en búsqueda y captura, ya de por sí abultada, se refiere sólo a las dictadas por los cuatro juzgados de ejecutorias de la plaza de Castilla sobre delincuentes condenados e ilocalizables. Pero no incluye las búsquedas decretadas por los 46 jueces de instrucción, que investigan delitos, ni las que dictan los otros tribunales contra quienes no acuden a los juicios.
Los juzgados de ejecutorias de Madrid, los primeros de su tipo que funcionan en España, nacieron en enero de 1996 con el exclusivo fin de ejecutar las sentencias de los 23 juzgados de lo penal de Madrid. Ahora mismo acumulan 25.000 sentencias pendientes de ser cumplidas, de las que 8.000 son causas con presos, destaca el magistrado Martínez Lázaro. Cumplir sentencias no es el único motivo que puede llevar a los jueces y tribunales a decretar la búsqueda de alguien. No asistir a un juicio o a un interrogatorio tras ser llamado más de tres veces puede desatar tan vehemente mandato judicial.
PASA A LA PÁGINA 3
La Guardia Civil y la Policía Nacional no cruzan todas las órdenes judiciales de búsqueda y captura
VIENE DE LA PÁGINA 1Los magistrados de las 10 secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se celebran los juicios de mayor envergadura penal de la región madrileña -asesinatos, narcotráfico, violaciones-, también tienen en la actualidad en situación de búsqueda y captura a cerca de un millar de personas, aparte de las 3.500 antes citadas. Cabe la posibilidad, aseguran fuentes de la Audiencia, de que sobre una misma persona recaigan varias órdenes de captura simultáneas procedentes de distintos jueces.
La Audiencia madrileña, con tres jueces en cada uno de sus 10 tribunales, ejecuta sus propias sentencias, a diferencia de lo que ocurre con los 23 juzgados penales de la plaza de Castilla, que delegan esa labor en los cuatro juzgados de ejecutarias. Los juzgados de lo penal enjuician delitos más leves, de tres años de prisión para abajo.
En el caso de la Audiencia y de los juzgados de lo penal, las órdenes se suelen dictar contra ciudadanos a los que se imputan graves delitos y no se presentan a los juicios, y contra los que, habiendo asistido, luego se esfuman por temor a ir a la cárcel. Detener a los huidos no es tarea fácil. Y a ello contribuye la actual "descoordinación que existe entre la policía y la Guardia Civil", según fuentes de la Audiencia madrileña que piden mantener su anonimato. "No se cruzan los datos, y se dan muchos casos de personas que figuran como reclamados en el ordenador central de la Guardia Civil y no en el de la policía".
"Si un juez, por ejemplo, envía una orden de búsqueda contra alguien a la Guardia Civil y es un policía quien casualmente lo identifica en la calle y quien indaga en el ordenador de su cuerpo, lo dejará en libertad en la creencia errónea de que está limpio, pues en su base de datos no aparecerá como buscado. Y viceversa. Existe cruce de datos respecto a la delincuencia internacional, pero no en la nacional", se lamentan estos medios.
También hay casos en los que el supuesto huido está tan pancho en su casa ignorante de que sobre él pesa una orden judicial de detención. "La verdad", asegura una fuente policial, "es que a la mayoría de los buscados se les suele encontrar en sus propias casas. Están en el ordenador, sí, pero no vamos a sus casas hasta que los jueces lo ordenan expresamente".
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