Los GRAPO ponen dos bombas en una antigua aseguradora de Cordón

Los GRAPO volvieron a actuar en Madrid 20 días después de haber atentado contra tres oficiales de Hacienda. Ayer lo hicieron colocando dos artefactos en la aseguradora médica Previasa, una antigua empresa de Publio Cordón, el financiero secuestrado hace más de mil días por esta organización terrorista. Uno de los artefactos estalló, sin causar heridos entre los 50 empleados, mientras que el otro fue desactivado. La policía estableció artefactos un enorme cerco en el céntrico barrio de Salamanca, que entorpeció el tráfico durante cuatro horas.

Una llamada anónima recibida sobre las 11.15 de la mañana en la sede de Previasa, en el número 76 de la calle del Príncipe de Vergara, avisó a los empleados de la colocación de un artefacto en esas oficinas y anunció su estallido para 10 minutos después. También alertó de otra bomba (aunque sin especificar en qué ciudad) colocada en una clínica del grupo Quirón, que pertenece en un 84% a la fainilia Cordón.Los empleados desalojaron ordenadamente el edificio de Madrid y, según denunciaban ayer, tuvieron que insistir durante varios minutos para que los servicios de urgencia de la policía respondieran a sus llamadas telefónicas.

Apenas 10 minutos después de que los trabajadores salieran del inmueble, hizo explosión una bomba de escasa potencia depositada en el rellano de la tercera planta, causando destrozos en el ascensor y resquebrajando varios tabiques. Los daños se estiman en varios millones.

La policía, que tenía acordonada la zona, amplió el cerco y cortó el tráfico en el tramo de la calle de Príncipe de Vergara comprendido entre las calles de Juan Bravo y María de Molina, ante la sospecha de que podía existir al menos un segundo artefacto.

Sobre las dos de la tarde, los artificieros hallaron esta segunda bomba en el rellano de la quinta planta del edificio, justo debajo de una antigua vivienda de la familia Cordón que actualmente está en proceso de rehabilitación. Los artificieros colocaron un cebo para hacer estallar el artefacto, pero éste no se activó, ante lo que decidieron desmontarlo.

Pilar Muro, esposa del secuestrado Publio Cordón, que se hallaba en Madrid por tener acordada una entrevista oficial, acudió a la zona al enterarse del atentado para mostrar su solidaridad con los ex empleados de su marido. Previasa fue adquirida el 11 de febrero por la firma alemana Deutsche Krakenversicherung (DKV), una de las más importantes de Europa en el sector de seguros médicos. No tiene ninguna vinculación con Cordón.

Los dos artefactos, tanto el que estalló como el que fue desactivado, estaban compuestos de un kilo de cloratita. Al menos el que explotó fue introducido en el edificio oculto dentro de un macetero, sin despertar sospechas, por lo que la policía reventó después todo los maceteros del inmueble para comprobar que no escondían más explosivos.

El titular de Interior, Jaime Mayor Oreja, declaró que los GRAPO sólo buscan "notoriedad" aprovechando "la importancia lógica que se da en España a los fenómenos terroristas". Según el ministro, "los GRAPO ni han reaparecido ni han dejado de existir; están donde están". El delegado del Gobierno en Madrid, Pedro Núñez Morgades, también pidió "que no se dé demasiada transcendencia" a esta nueva acción de la organización.

Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre reemprendieron oficialmente su actividad el pasado 13 de marzo con la colocación de dos bombas en sendas oficinas de Hacienda de Madrid y una tercera en otra de Alcobendas que fue desactivada. Con anterioridad, en concreto el 30 de enero, se produjo otro atentado con explosivos en una empresa de trabajo temporal sita en la avenida de América, que, según fuentes de Interior, fue inspirado por los GRAPO. El pasado 27 de marzo, el dirigente de los GRAPO Enrique Cuadra Echeandía aprovechó su comparecencia en la Audiencia Nacional para advertir de las "graves consecuencias" que acarreará la negativa del Gobierno a responder a la "voluntad de negociación" de su organización.

Los GRAPO y dos agentes del Cesid, en nombre del Gobierno, mantuvieron hasta hace un año repetidos contactos tendentes a la disolución de este grupo, que acabaron sin acuerdos. Frente a la postura de Interior de no dar importancia a estos atentados, los dirigentes del grupo advierten que están "muy cabreados" y que el próximo año acabarán de cumplir condena casi la mitad de sus 50 reclusos.