Rusia saca a concurso Rosfnet, la principal petrolera estatal
El Gobierno ruso ha decidido apostar fuerte y poner muy alto el listón para la privatización de la principal empresa petrolera estatal, Rosneft. A cambio del 75% (más una) de las acciones y del control casi absoluto de la compañía, habrá que pagar un mínimo de 325.000 millones de pesetas. La puja se abrió ayer y se cierra el 26 de mayo. Tres días después se anunciará el resultado, que alterará sin duda el movedizo mapa petrolero ruso, muy revuelto ya por la reciente fusión de Yukos y Sibneft. Yuksi, el resultante de este matrimonio es el tercer productor mundial y tiene las mayores reservas del planeta.
Rosneft produjo 13 millones de toneladas de crudo en 1997, con unos beneficios de 50.000 millones de pesetas. Controla numerosas empresas petroleras y gasísticas en Rusia, tiene en marcha gigantescos proyectos en Siberia y la isla de Sajalín, cuenta con cinco grandes refinerías y extiende sus tentáculos hasta el mar Caspio, el Eldorado del oro negro para el siglo XXI. Y tiene una importante participación en el proyecto de oleoducto desde el mastodóntico yacimiento de Tengiz (Kazajstán) hasta el puerto ruso de Novorosiisk.Durante meses, el equipo económico del Gobierno ha estado dudando sobre dos esquemas de privatización. El que ha sido descartado preveía la venta del 50% más una de las acciones, lo que, de acuerdo con la ley rusa, no habría permitido tomar sin ataduras las grandes decisiones de la compañía. La mayoría de los potenciales compradores se había manifestado en contra.
Lo que no esperaban es que se les hiciera caso en el modelo pero que el precio mínimo se disparase, por encima incluso de lo dictaminado en un informe especial encargado al banco de inversión alemán Dresddner Kleinwort Benson, que fijó en unos 360.000 millones el valor total de la compañía.
El argumento esgrimido por el Ministerio de Bienes Estatales para decidir el precio final es que, al perder el Estado todo control sobre la compañía, es de temer que el 25% que aún seguirá en sus manos no podrá venderse ya caro. Lo cierto es que el precio no ha desalentado a los consorcios interesados en la subasta. Los tres más importantes ya han dicho que presentarán sus ofertas.
Se trata de los grupos formados por Gazprom (la mayor empresa gasística del mundo), Lukoil y la Royal Dutch Shell; del constituido por Oneximbank y British Petroleum; y de Yuksi, que busca socios extranjeros que le ayuden a reunir la fortuna que habrá que poner encima de la mesa.
El bocado es apetitoso y, muy probablemente, será objeto de una disputa que puede dejar chica la crisis abierta el año pasado cuando se subastó el 25% del gigante telefónico ruso, Sviazinvest. En aquella ocasión fue Oneximbank, que preside el ex viceprimer ministro VIadímir Potanin, la que en asociación con el financiero internacional George Soros se llevó el gato el agua. La Telefónica española jugaba con el equipo perdedor.
Los perdedores, frustrados por su derrota, lanzaron desde los medios de comunicación que controlan una ofensiva coordinada para desprestigiar a los dos vicejefes de Gobierno, Anatoli Chubáis y Borís Nemtsov, a los que culparon del resultado de la subasta. Las consecuencias de esa guerra no fueron solamente económicas. Concluyeron con Chubáis y Nemtsov despojados de buena parte de sus atribuciones en el Gobierno y con su principal enemigo, Borís Berezovski, expulsado del Kremlin, donde ocupaba el cargo de vicesecretario del Consejo de Seguridad. Eso sí, con ayuda de su fortuna, tal vez la mayor de Rusia, sigue siendo un poder político y económico de primer orden.
El objetivo es en esta ocasión evitar que se repita el escándalo. Por eso, el Gobierno ha preparado cuidadosamente, la privatización, incluso retrasándola a costa de perder en 1997 unos ingresos jugosos que habrían permitido resolver el problema de los salarios impagados a millones de funcionarios públicos. El principio que se aplicará (como con Sviazinvest) es que se llevará el premio quien presente la mejor oferta, es decir quien pague más.
No sólo habrá que desembolsar el precio inicial, sino también comprometerse a efectuar, en tres meses y medio, otros desembolsos, por importe de unos 60.000 millones de pesetas, para pagar créditos, deudas sociales, impuestos e inversiones pendientes.
