España reanuda la ayuda pese a la escasa vigilancia sobre los etarras

El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, interrumpió casi toda la cooperación española con Cabo Verde en 1993 porque sus autoridades habían dejado de vigilar a los etarras allí desterrados. El otoño pasado huyeron del país africano otros tres presuntos miembros de ETA, pero el Jefe de la diplomacia española, Abel Matutes, anunció la reanudación de la ayuda al desarrollo del archipiélago que abarcará ahora al sector turístico.

Fue Solana quien tomó la decisión de cortar la cooperación, pero lo hizo a instancias de Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad. Vera fue el primer alto cargo que se desplazó a Cabo Verde., en 1985, para conseguir que acogiese a etarras expulsados de Francia a cambio de ayuda.

La cooperación fue en declive a partir de 1988 y quedó suspendida en 1993 aunque se mantuvo una pequeña ayuda alimentaria. "La relajación en el control de los etarras por parte de las autoridades caboverdianas fue la razón que nos incitó a interrumpirla", explicó Vera a EL PAÍS. Concretamente, en junio de 1987 permitieron que se escaparan del archipiélago Elena Bárcena Argüelles, La Tigresa, y José Rodríguez Muñoa, El Zippo, presuntos autores del asesinato, en 1983, del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios.

Cuando Matutes visitó en enero el archipiélago se acababan de fugar, probablemente a Cuba, otros tres miembros de ETA, Endika Iztueta Barandika, Ángel María Lete Etxaniz y Tomás Linaza Etxebarria, aunque este último habría regresado posteriormente. El portavoz de Exteriores, Joaquín Pérez Villanueva, aseguró que el ministro logró durante su visita el compromiso de que los tres últimos etarras -en 1986 llegaron a ser 14- que aún permanecen en el país serían vigilados más de cerca.

Turismos y pesca

Matutes anunció la reanudación de la cooperación española, que se centrará ahora en pesca y turismo, "dos sectores que tienen gran potencial en Cabo Verde", recalcó el 15 de enero. "España va a proporcionarnos formación profesional y asistencia técnica", señaló a EL PAÍS Aida María Duarte Silva, directora de Promoción Turística en Praia.También manifestó Matutes su intención de concluir sendos convenios de seguridad social, del que se beneficiarán los 10.000 caboverdianos residentes en España, y de protección mutua de inversiones, que supondrá una garantía para los empresarios que monten negocios en el archipiélago. Se creará así un marco jurídico atractivo para consolidar los lucros de las inversiones que queremos estimular", declaró.