La Asamblea francesa aprueba la semana laboral de 35 horas con la oposición de la derecha

La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer, en primera lectura, la llamada ley de las 35 horas por 316 votos a favor y 254 en contra. Los diputados de izquierda -PS, PCF, radicales, y verdes- respaldaron la ley, mientras que los gaullistas, liberales y democristianos se pronunciaron en contra. La norma ofrece, a cambio de menos horas, flexibilidad de jornada y la posibilidad de calcularla en cómputo anual e impone moderación salarial. Además permite al Estado establecer el objetivo, el calendario y el monto de las subvenciones a los empleos que se generen, pero deja en manos de la patronal y de los sindicatos el negociar las modalidades de la aplicación de la reducción de jornada.

La ley pasará, a partir del 3 de marzo, a ser examinada por el Senado, donde sin duda la mayoría conservadora aprobará un buen número de enmiendas que luego, de nuevo en la Asamblea Nacional, serán revisadas para la aprobación definitiva del texto. Entre el Senado y la revisión de los diputados se celebrarán unas elecciones regionales que servirán de test a la popularidad del Gobierno y sus iniciativas legislativas.La ley de las 35 horas establece que, antes del año 2000, las empresas de más de 20 empleados deberán haber adoptado la semana laboral con la citada, duración. Si esta reducción del tiempo de trabajo va acompañada de aumentos de la plantilla, como mínimo de un 6%, la empresa tendrá derecho a recibir distintos tipos de ayudas.

Las subvenciones al empleo pueden llegar hasta los 12.000 francos anuales por trabajador (300.000 pesetas) en el caso de que, en vez de la jornada de 35 horas, se opte por la semana de cuatro días, con reducción hasta 32 horas. Las empresas de menos de 20 trabajadores dispondrán de un plazo mayor para adaptarse, hasta el año 2002.

Para Martine Aubry, ministra de Empleo y Solidaridad, "esta ley no va ni en contra de las empresas ni en contra de los asalariados sino en favor de la creación de puestos de trabajo", pero, en ningún caso, es "la única arma para luchar contra el paro".

La aparición de condicionales y cautelas en las declaraciones de Aubry y de varios ministros socialistas hay que relacionarlos con que la ley, para ser eficaz socialmente, precisa de una reorganización interna de las empresas para mejorar la productividad y de moderación salarial, además de un contexto internacional favorable y un control del gasto público. De reunirse todas esas circunstancias, las estimaciones hablan de creación de empleo, neta, de 750.000 puestos de trabajo en tres años.

La ley permite al Estado establecer el objetivo, el calendario y el montante de las subvenciones, pero deja en manos de la patronal y los sindicatos la negociación sobre su aplicación. El Gobierno y el sindicato CFDT (socialista) defienden la necesidad de aceptar el cómputo anual del tiempo de trabajo, creando así una cuenta de ahorro trabajo-tiempo reconvertible en días de descanso a "gastar" cada año.

La patronal ha arremetido en repetidas ocasiones contra la ley por estimar contraproducente su carácter "autoritario, su complejidad y el que limite el aumento de poder adquisitivo de los trabajadores y desmotive a los empresarios".

Apoyo de grandes almacenes

Los empresarios de grandes almacenes ahora han sido los primeros en reaccionar, manifestándose favorables a la ley, siempre y cuando los 40.000 trabajadores del sector acepten el cómputo anual de su jornada y una mayor flexibilidad, para así poder abrir sus instalaciones 13 horas por día, incluidos los domingos, en vez de 11 diarias sin domingos. Los sindicatos critican la falta de garantías sociales en la propuesta de los empresarios.Otra incógnita es la referida al sector público. Hasta ahora, el Gobierno ha mantenido en una nebulosa si aplicará la semana de 35 horas a los funcionarios. Dado que el sector público francés está sobredimensionado -alrededor de 5 millones de funcionarios- son varios los ministerios que pretenden reducir su plantilla aprovechando las jubilaciones.

En realidad, según algunas fuentes, entre un 72% y un 90% de los trabajadores del sector público ya gozan de un estatuto especial que les permite trabajar menos de 35 horas semanales.