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Ruiz-Mateos y Domingo López Alonso, condenados a cuatro meses por estafa

José María Ruiz-Mateos y Domingo López Alonso, antiguos presidentes de Rumasa y del Banco de Valladolid y de la editora del diario El Imparcial, respectivamente, han sido condenados en sentencia firme por la Audiencia Provincial de Madrid a cuatro meses de arresto mayor, por delito de estafa procesal en grado de frustración. Es la primera condena penal firme al empresario jerezano, que no ingresará en prisión salvo que sea condenado por otro delito.Ambos condenados, de común acuerdo, simularon negocios y operaciones (colocación de fondos y venta de acciones, que ni siquiera eran de su propiedad), para detraer irregularmente como mínimo, en una primera fase, 1.400.112.000 pesetas a la Rumasa estatal. Para ello, Ruiz-Mateos firmó tras la expropiación de su grupo empresarial (el 23 de febrero de 1983), pero poniendo en los documentos fecha anterior a la de la intervención del mismo, dos letras que previamente habían sido sustraídas de Rumasa y dos pagarés a favor Domingo López Alonso y empresas vinculadas al mismo.

Tras intentar cobrar sin éxito esas cantidades a la Rumasa estatal, que se negó a hacerlas efectivas tras comprobar que no estaban contabilizadas, Alonso reclamó esas supuestas deudas en un juzgado. La Fiscalía de Madrid, a raíz de estos hechos, presentó una querella contra Ruiz-Mateos y Alonso acusándoles de falsificación de documentos mercantiles y de delito procesal.

El Juzgado Penal número 13 de Madrid dictó sentencia sobre este asunto, el 22 de julio de 1997, absolviendo a Ruiz-Mateos y López Alonso del delito de estafa y declarando las costas de oficio. Contra dicha sentencia interpusieron recurso el ministerio fiscal y Rumasa S A, alegando "el error de hecho en la apreciación de la prueba", y aduciendo que en la misma no quedó "reflejada la prueba desarrollada en el juicio oral". Los recurrentes, aclaran, "que no se trata de determinar si hubo o, no falsedad documental" al haber prescrito por el tiempo transcurrido estos delitos, sino en determinar "el delito frustrado de estafa procesal" por la reclamación ante los tribunales de las falsas deudas.

En el juicio oral aludido en el recurso, dos responsables de la contabilidad de Rumasa en los años que el grupo empresarial era presidido por Ruiz-Mateos, negaron la existencia de las deudas. Otro testigo, Manuel Ruiz de Lopera (presidente del Betis), que había sido apoderado y gestor de López Alonso y de sus empresas entre enero de 1980 y marzo de 1984 [plazo en el que según los condenados se habían realizado las operaciones comerciales], declaró que no tenía conocimiento de tales operaciones y que durante su gestión no hubo relación mercantil con Rumasa o sus empresas. Además, varios testigos acreditaron la desaparición de efectos timbrados por 840.000 pesetas en Rumasa, y que entre ellos se hallaban dos utilizados por López Alonso en su reclamación. La Audiencia ha aceptado los argumentos del recurso y ha condenado a Ruiz-Mateos y a López Alonso.

Cuentas pendientes

Los tribunales tienen que decidir sobre otros intentos de cobro de supuestas deudas por parte de Ruiz-Mateos a la Rumasa estatal por más de 900 millones. El empresario está pendiente de la resolución del recurso presentado ante el Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que lo absolvió de responsabilidades en la gestión de Rumasa "por considerar que no hubo daños a terceros" y a pesar de considerar hechos probados infinidad de irregularidades.

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