Historia de un frágil consenso

, Cuando cumple diez años, el Pacto de Ajuria Enea ha pasado de ser un acuerdo entre políticos a ser propiedad de la sociedad. El cuestionamiento de su papel futuro o las críticas a los altibajos de su gestión durante la década no ensombrecen el hecho de ser el único referente serio existente en materia de pacificación. La prueba irrefutable de su vigencia y de ese cierto carácter de patrimonio colectivo que ha adquirido es la firmeza con que todos los partidos se defienden cuando otros les acusan de deslealtad al Acuerdo, y el miedo que tienen sus dirigentes a enfrentarse a la desaprobación de sus respectivos electorados como responsables de una hipotética ruptura. Ahí, más que en una trayectoria sembrada de desacuerdos y confusión, reside su solidez.

"Nos encontramos en una encrucijada muy delicada y va a ser necesario un esfuerzo muy intenso de diálogo interpartidario para acertar con el camino a seguir". La frase es de José Antonio Ardanza, pero situarla en el tiempo resultaría dificil a cualquiera. Sirve hoy mismo y servía en 1988, pero es de principios del año pasado. Ardanza hacía votos, antes de una de las cumbres de Ajuria Enea, para que los partidos fueran capaces de "dar una respuesta conjunta a la actual escalada terrorista y de violencia callejera". Pero también advertía: "Que nadie se llame a engaño. No vamos a superar las profundas diferencias que nos separan".

Voladura controlada

La Mesa estaba moviéndose entre los deseos de una voladura controlada por parte de sectores nacionalistas, su mantenimiento como simple referente de unidad frente a los actos violentos y él inicio de una anunciada segunda fase, que todavía hoy no ha dado un solo paso. El Pacto, por otra parte, sigue constantemente emplazado a dar respuesta a la "actual coyuntura de escalada terrorista y de violencia callejera".La inexistencia de alternativas, la conciencia de que ninguno de los electorados soportaría a quienes cargaran con la responsabilidad de una ruptura y el fracaso de todos los pasos que se dan al margen del acuerdo apuntalan su existencia, a pesar de una gestión que parece caracterizada por la inercia más que por otra cosa, según reconocen los propios implicados. Su aportación en este momento no va mucho más allá de las respuestas contundentes y unitarias ante los atentados, y las convocatorias de esas manifestaciones a las que los vascos responden de manera espectacular y, por ahora, infatigable. Tal vez no sea poco, pero apenas va más allá de lo que ya dio como fruto en sus primeros años.

Durante los diez años que han transcurrido desde la firma del Acuerdo, el Pacto sólo ha resultado "compacto" en el primer trienio. La sociedad pedía a gritos una alianza como esa, e incluso había empezado a dar pasos por delante de los políticos: el primer movimiento de Gesto por la Paz data de un año antes. En el último trimestre de 1987 ETA había realizado atentados como el de Hipercor, con 21 muertos, y el de la casa-cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, donde asesinó a once personas, entre ellas varios niños. La mejor época del Pacto coincide con la preparación por el Gobierno socialista dio las fracasadas conversaciones de Argel, y no estaba ausente de sus impulsores el deseo de hacerse presentes en un proceso que corría el riesgo de obviar a los vascos. El momento más brillante logrado por la unidad de los firmantes del Acuerdo fue la manifestación que inundó Bilbao el 18 de marzo de 1989, la primera sin que mediara un atentado.

Tras la reanudación de las acciones terroristas por parte de ETA, una excesiva confianza en que la propia bondad del Acuerdo era suficiente desembocó en 1991 en la primera desavenencia importante: la negociación del trazado de la autovía de Leizarán por parte del PNV, y el desalojo de EA de la diputación de Guipúzcoa a manos del PNV y PSE, tras lo cual el partido de Garaikoetxea dejó de acudir a las reuniones del Pacto hasta principios de 1995.

Las conversaciones que en 1992 emprendió el PNV con HB, en la confianza de forzar al menos una petición de tregua ETA, abrieron nuevos recelos en los compañeros de Mesa y además fracasaron, cortadas de raíz por ETA, con un comunicado descalificador del diálogo, y con los subsiguientes atentados. Un golpe decisivo a la operatividad de la Mesa lo iba a asestar el PP en 1993. Con la vista puesta en la anticipación de las elecciones y decidido al asalto al poder, el PP aprueba en su congreso de principios de ese año una ponencia que da por zanjado el principio de la reinserción, al pedir el cumplimiento íntegro de las penas para los condenados por terrorismo y cuestiona también el diálogo final previsto en el Acuerdo. El PSOE se vio obligado a frenar las progresiones de grado y las medidas de reinserción, y la política de dispersión de los presos se quedó sin el objetivo que perseguía. Un nudo que todavía hoy sigue sin desatar, aunque Jaime Mayor no hable ya de cumplimiento, íntegro ni niegue el diálogo en las condiciones pactadas en Ajuria Enea.

La Mesa alcanzó 1996 con el PP recién llegado al poder y sin que el PNV y el partido de Aznar hubieran sido capaces de incluir en los acuerdos de la investidura el problema de la violencia. La reunión programada para el pasado fin de semana entre Aznar y Mayor con Ardanza y Arzalluz, y retrasada por el atentado de Zarautz, pretendía intentar el entendimiento antes de la próxima reunión del Pacto.

Pacto que nunca se ha visto a sí mismo como gestor de políticas concretas, pero si como diseñador de sus pautas generales, y que tiene ante este décimo aniversario un reto fundamental: superar la división entre quienes se. confórman con hacer de él un puro frente de resistencia y de movilización social frente a los atentados de ETA y quienes desean explorar los puntos del Acuerdo que pueden conducir a vías prácticas, concretas y activas de solución.