El Poder Judicial cree "muy grave" que los políticos lancen imputaciones contra los jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo ayer un llamamiento a los políticos para que traten "con el respeto y colaboración debida" a jueces y tribunales. Su portavoz, Benigno Varela, estimó que determinadas declaraciones del diputado socialista Alfonso Guerra, del líder de IU Julio Anguita y del presidente de Eusko Alkartasuna Carlos Garaikoetxea -sólo nombró a este último y a preguntas de los periodistas- le parecen "muy graves" al CGPJ, que considera que, si se mantienen, deben de presentarse pruebas, porque en el Consejo están "muy interesados en conocerlas".

Mientras que el CGPJ consumía los últimos minutos de su sesión plenaria, Varela se reunió con los informadores y, tras dar cuenta de algunos de los acuerdos adoptados, hizo "un llamamiento para que las actuaciones de los tribunales y de los jueces sean tratadas con el respeto y colaboración debida". Terminada la conferencia de prensa, Varela se reintegró al pleno, al que informó de la declaración que había realizado.El portavoz del CGPJ se refirió, sin mencionar inicialmente a los autores de las imputaciones, a la declaración de Guerra sobre que "la Audiencia Nacional es un peligro"; a la afirmación de Anguita de que existe una mafia de intereses espurios en la que está implicado el poder judicial, y a la manifestación de Garaikoetxea respecto a la sentencia que condenó a los 23 dirigentes de la Mesa de HB, como "un hito en los despropósitos" de la Administración de Justicia.

Varela consideró que tales imputaciones "son tan graves", dijo, que, para mantenerlas, deben presentarse pruebas. Señaló que decir que una determinada sentencia es "un hito en los despropósitos de la Justicia" significa tanto como evaluar que la Administración de Justicia es "un despropósito continuo en el que la resolución sobre HB es el culmen".

La excitación de Fungairiño

Preguntado sobre si desde el poder judicial o desde la Justicia se hacen manifestaciones innecesarias, como las recientes del fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño respecto a las dictaduras chilena y argentina, "que excitan, provocan o alimentan" esas críticas, Varela contestó que esas declaraciones "se producen en circunstancias muy esporádicas y aisladas". Y agregó que, aunque así fuera, "en todo caso no justificarían afirmaciones tan generalizadoras" como las citadas.La primera respuesta a los reproches de Varela provino ayer mismo del coordinador de IU Julio Anguita, quien comparó al CGPJ con "la casa de Bernarda Alba", ya que, aseguró, "todo lo que a Bernarda Alba le interesaba es que todo se callase, que todo se tapase, que no pasara nada", informa Servimedia.

El estudio del informe sobre el Jurado, aprobado por unanimidad de los seis vocales de la Comisión de Estudios e Informes, quedó aplazado al pleno del 14 de enero próximo, para dar tiempo a los consejeros a presentar por escrito "las observaciones pertinentes a un escrito tan extenso", explicó Varela.

Otras fuentes del Consejo aseguraron que la difusión previa del contenido del informe ha sido la causa de que se retrase su examen. Algunos jueces manifestaron al CGPJ su disgusto porque el informe atribuya a magistrados, fiscales y abogados la responsabilidad de las deficiencias del Jurado, como publicó EL PAÍS el 16 de diciembre. Según estas fuentes, varios consejeros mostraron su desconcierto ante esa noticia, en contraste con las aparecidas en Abc y Egin, que atribuyen a los ciudadanos y a la ley los defectos del jurado.

Un juez, suspendido dos años

Otro acuerdo del pleno del CGPJ fue la imposición de una sanción disciplinaria de dos años de suspensión al magistrado de la Audiencia Provincial de Girona Jesús Fuertes Bertolín, por retraso injustificado en sus resoluciones y por su actuación como presidente de un Tribunal del Jurado. El Consejo ya sancionó a este juez en octubre último, por retrasos y otras irregularidades.Las causas atascadas en el despacho de Fuertes ascendían a 80 cuando se le expedientó por primera vez, informa desde Girona El pasado mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló un juicio conjurado que presidió, por entender que su actuación causó confusión entre los miembros del jurado. A través del cuestionario facilitado por Fuertes el jurado popular decidió que el súbdito marroquí Boujaama Bouraada era culpable de la muerte de su compañero de piso, al mismo tiempo que consideraba que había actuado en legítima defensa.