"Es una aberración legislar por hechos puntuales"

Guillem Vidal Andreu (Palma de Mallorca, 1941) preside el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desde junio de 1994 y lleva 30 años en la carrera judicial. Como entonces, sigue fiel a su talante democrático y todavía milita en Jueces para la Democracia. Vidal observa desde una posición crítica las turbulencias a las que se encuentra sometida la Justicia, y ante la posibilidad de que el PP introduzca modificaciones en algunas leyes recientes, como la del Jurado, advierte sobre los riesgos de legislar por impulsos, sin suficiente meditación. Hace dos meses, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incoó a Vidal diligencias informativas por haber reclamado la dimisión de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, después de que se denegase la creación de 10 nuevas plazas de magistrados para abordar los más de 34.000 casos que tiene pendientes la jurisdicción contencioso administrativa en Cataluña. Al final, las diligencias fueron archivadas. En la primera entrevista que concede desde entonces, sigue mostrándose muy crítico con algunos proyectos ministeriales.Pregunta. Usted fue expedientado por unas declaraciones como presidente del TSJC, mientras que diariamente hay jueces que opinan sobre cuestiones políticas y no se acuerda ninguna medida disciplinaria contra ellos. ¿Tiene el Consejo dos varas de medir?

Respuesta. Son dos situaciones distintas. Yo realicé aquellas declaraciones en mi condición de presidente del TSJC, porque como tal tengo el deber de censura y de felicitación. Pero eso no tiene nada que ver con las manifestaciones que diariamente vierten algunos compañeros en tertulias o artículos amparándose en una libertad de expresión genérica como juez-ciudadano. Yo no sé cuál es el criterio del Consejo al respecto, pero lo que sí creo es que tiene un menor amparo el que vierte expresiones críticas como juez-ciudadano que el que lo hace desde una postura institucional como yo hice.

P. El CGPJ que le nombró tenía una correlación de fuerzas distinta al actual. ¿Cómo vive la cohabitación desde la victoria del PP?

R. La presidencia del TSJC es un cargo de confianza. Pero tratándose de un Consejo como éste, en el que no ha habido una ruptura con el anterior, la verdad es que no me he encontrado incómodo.

P. Pero eso puede cambiar.

R. Sí. De hecho, el Consejo ya hizo un nombramiento en la Presidencia de la Audiencia de Barcelona y cambió radicalmente la orientación. Dentro de año y medio el CGPJ puede ratificarme en el cargo, si es que me presento a la reelección, o puede optar por una persona de su confianza. Lo entendería.

P. ¿Qué opina de la ley que regulará la excedencia de los jueces que dediquen a la política?

R. No es una ley satisfactoria porque está pensada para actos singulares y está basada en un hecho aislado, como fue el regreso de un juez a un puesto muy especial de la Audiencia Nacional. Legislar sobre hechos aislados es malo en una democracia, hay que ser previsores y legislar para la generalidad. En la mayoría de los casos, los jueces vuelven a puestos en los que no existe roce político. Era mucho mejor el primer redactado, en el que se determinaba la vía de la recusación y la abstención o bien la asignación del cargo por parte del Consejo si se producía una situación tan singuar como esa.

P. El Gobierno está estudiando también reformar el Código Penal y la Ley del Jurado, hacia las que nunca ha mostrado excesiva simpatía.

R. Esas leyes fueron aprobadas por mayoría y son democráticas. Y es evidente que el Gobierno las va a cumplir, aunque otra cosa es que lo haga a gusto. Si el Gobierno reforma algunos preceptos de esas leyes, está en su pleno derecho. Otra cosa es que a muchos de nosotros nos gusten. Me parece aberrante en política legislativa que se modifique la Ley del Jurado porque ha sucedido el caso Otegi [absolución de Mikel Otegi, autor de la muerte a tiros de dos ertzainas], que se legisle por hechos puntuales. Las leyes han de cambiar cuando la serenidad de espíritu y ánimo permite sosegadamente discutir en el Parlamento sobre su bondad. El jurado necesita una implantación y hay que esperar porque yo creo que la ley está funcionando. Y lo mismo sucede en el Código Penal y los abusos sexuales de menores. Introducir reformas que cambien el espíritu del Código Penal no me parece bien, y menos introduciendo conceptos indeterminados como la corrupción de menores, que habían sido erradicados.P. Hace ya nueve meses que el ex juez Pascual Estevill está en prisión preventiva. ¿Es una advertencia para erradicar conductas similares?

R. Hace poco se pronunció la Sala del TSJC diciendo que Pascual Estevill debía continuar en prisión porque subsisten los motivos de riesgo de fuga. En ningún momento la Sala se ha dejado llevar por un afán de escarmiento y ejemplaridad haciendo al señor Estevill un chivo expiatorio, ni muchísimo menos. Me consta que la Sala estudió a fondo la petición de libertad.

P. ¿Por qué cree que las encuestas reflejan cada vez un mayor descrédito de la justicia entre los ciudadanos?

R. Creo que influyen muchas cosas. Una de las que se nos está imputando es la lentitud y yo, que llevo 30 años en la carrera, le puedo asegurar que la justicia no es ni más ni menos lenta que entonces. Pero hoy hay más litigios y una presencia mayor de la justicia en determinados ámbitos. En cuanto a que la justicia es corrupta y que está politizada, es posible que si la pregunta se hiciera sobre la justicia en Huesca, Soria o Cataluña la respuesta fuera distinta.

P. ¿Quiere decir que es un problema de Madrid?

R. A veces se piensa en determinadas actitudes de jueces, políticos o medios de comunicación que utilizan la justicia para determinados fines. Lo que creo es que estamos generalizando un problema que a lo mejor no es tal.

P. Pero las páginas de política de los periódicos están ahora llenas de informaciones sobre la justicia.

R. Porque hoy la justicia es un poder de control de otras instituciones. Cuando la justicia entra a conocer de asuntos que tienen una repercusión política, la lectura de las decisiones judiciales siempre es política, porque el que gana toma la sentencia por el lado que le gusta, y el que pierde por el que le disgusta. Y en algunos casos famosos se ha utilizado a la justicia para que las decisiones jurídicas tengan una repercusión política que pueda favorecer a determinados intereses. Pero eso no quiere decir, en líneas generales, que la decisión judicial sea política, sino con repercusiones políticas.

P. En esa utilización tiene mucho que ver el uso de la acción popular. ¿Es partidario de regularla de otra forma?

R. La acción popular tiene un respaldo constitucional evidente. Otra cosa es que, como ha dicho el Tribunal Constitucional hace poco, se necesite una regulación para evitar su perversión. La acción popular no está pensada para los perjudicados por un delito, sino destinada a la ciudadanía con el fin de restablecer un orden jurídico perturbado. Y no siempre se ha utilizado así.

P. ¿Y no cree que el propio procedimiento judicial permite también una utilización partidista de la Justicia? Aunque luego se le acabe dando la razón al perjudicado y se reprenda al juez, el mal ya está hecho.

R. El problema es que tenemos unas leyes de procedimiento del siglo pasado y lo que necesitamos son leyes del siglo XXI, que sean progresivas, ágiles y modernas.

P. El proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil no parece el mejor ejemplo.

R. El borrador que se conoce es el de una ley complicada y complicante. Pienso que lo mejor sería retirar ese proyecto y empezar con otro que sea más útil al proceso civil.