El juez Coronado declara por presunta corrupción
El magistrado-instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Santiago Bazarra, notificó ayer una providencia del pasado 18 de julio por la que se cita al juez José Emilio Coronado, titular del juzgado de instrucción número 16, para declarar mañana, miércoles 23, como querellado en la querella por prevaricación presentada por Antonio Navalón.El juez admitió, según la querella, una denuncia de Lourdes Arroyo contra Navalón, ex asesor de Mario Conde, por falso testimonio en el juicio oral del caso Argentia Trust, sabiendo que era una decisión errónea, en connivencia con la denunciante, su procurador Carlos Gómez-Vilaboa y su abogado Juan Carlos Lara Garay.
En la misma providencia, el instructor da por personado al juez Coronado, al tiempo que considera aportada una certificación de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las normas de reparto de asuntos entre los juzgados de instrucción.
Esta certificación fue solicitada por el abogado José Manuel Gómez Benítez, defensor de Navalón, tras recibir en el decanato de los juzgados de Madrid una copia de las normas de reparto con un agregado a mano.
Precisamente, en esa norma de reparto corregida a mano se basó el juez Coronado para admitir la denuncia de la esposa de Conde el pasado 27 de mayo. El procurador Gómez-Vilaboa acudió al juzgado de guardia. Allí estaba el juez Coronado.
El procurador pidió una orden de entrada y registro en los domicilios de Navalón y Diego Selva, ex asesores de Conde, con el pretexto de que allí había pruebas documentales sobre sus vinculaciones con la sociedad Argentia Trust. El juez rechazó la petición, pero concedió a la misma el número de diligencias 3.641 /97. Pero al día siguiente, 28 de mayo, el citado procurador presentó en el juzgado 16, a cargo del propio Coronado, una "ampliación" de denuncia por falso testimonio, cohecho y tráfico de influencias contra Navalón y Selva.
Argucia
En lugar de solicitar una orden de entrada y registro ahora pidió el envío de una comisión rogatoria a Zúrich (Suiza). El 30 de mayo, la comisión ya estaba traducida. Coronado la envió el 2 de junio por fax, sin consultar con el fiscal ni con los denunciados.La norma de reparto entre juzgados, según la certificación aportada ahora por Alberto Carlos García Vega, secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dice: "El juzgado de Diligencias conocera de las siguientes materias. 3. Medidas Cautelares (entradas y registros en domicilio ... ) El Juzgado de Guardia que autorice la medida cautelar correspondiente seguirá conociendo de los hechos delictivos que aparezcan como consecuencia de dicha autorización".
La norma que los jueces de instrucción aplican en Plaza de Castilla, según se reafirmó el 20 de junio pasado, lleva agregada a mano la palabra "o no". El texto, pues, se lee así: "El juzgado de Guardia que autorice o no la medida cautelar correspondiente seguirá conociendo de los hechos delictivos que aparezcan como consecuencia de dicha autorización".
El juez Coronado denegó la petición de la esposa de Conde, pero esta consiguió que en base al ardid del "o no" fuera él y no otro quien se hiciera cargo de tramitar su denuncia.
