Una comisión de expertos aconseja a Chirac despolitizar la justicia

Una comisión de expertos presidida por el magistrado Pierre Truche ha elaborado un informe sobre las reformas inmediatas que necesita la justicia francesa. Hoy será entregado al presidente, Jacques Chirac. Hace seis meses, cuando Chirac encargó el trabajo a Pierre Truche, la maniobra pareció estrictamente dilatoria, destinada a diluir en el tiempo el llamado escándalo Tiberi, ligado a las operaciones ilegales de financiación realizadas a través del Ayuntamiento de París, en las que está implicado el alcalde y que ha dañado seriamente su imagen.Ahora, tras la derrota electoral de los conservadores en las legislativas celebradas entre mayo y junio , el informe adquiere una nueva dimensión y la titular de cartera de Justicia, Elisabeth Guigou, ha dicho que "hay algunas medidas que corresponden a las orientaciones del Gobierno".

Las principales proposiciones de la comisión Truche quieren servir para reducir la politización de la justicia y proteger mejor la presunción de inocencia. Respecto al primer punto, es importante la reforma del nombramiento de los miembros de la Fiscalía del Estado, que si bien sigue siendo una prerrogativa del ministro de Justicia, necesita ahora de la conformidad del Consejo Superior de la Magistratura (CSM).

Este organismo ve reformada su composición, pues a partir de ahora 7 de sus 13 miembros con derecho a voto no serán magistrados, sino personalidades nombradas por el presidente de la República, de la Asamblea Nacional, del Senado y del Consejo de Estado.

Prohibición al ministro

Dentro de la voluntad de reforzar la independencia de la justicia en Francia, también ha de subrayarse la propuesta de la comisión de expertos de prohibir al ministro la intervención directa en la instrucción de los sumarios, privilegio del que dispone y que le permite dividir dichos sumarios hasta hacerlos incomprensibles, amén de ejercer presión sobre los magistrados.La presunción de inocencia debiera quedar mejor protegida gracias a la asistencia jurídica a los detenidos desde el primer minuto y a la grabación magnetofónica de sus declaraciones, según las recomendaciones. Además, al juez instructor se le prohíbe el ordenar la prisión preventiva -esa será una competencia de otros togados- y sobre todo se le limita el tiempo de instrucción. Y si la comisión de expertos recomienda a Chirac prohibir a los jueces comunicar los nombres de las personas que figuran en un sumario en proceso de instrucción, a la prensa se le prohíbe el darlos a conocer o el publicar fotos de meros sospechosos esposados o publicar sondeos sobre la hipotética culpabilidad de los acusados y la naturaleza de las sanciones que merecerían.