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La Audiencia absuelve a Ruiz-Mateos, aunque reconoce numerosos delitos

La Audiencia Nacional absolvió ayer al ex presidente de Rumasa, José María Ruiz-Mateos, de los dos delitos de falsedad en documento que se le imputaban y por los que se pedían 12 años de prisión. También fueron absueltos cuatro de sus colaboradores: José Díaz Hidalgo, Manuel Sánchez Marín, Luis Romero Agarrado y Carlos Quintás. La sentencia estima que, pese a las graves irregularidades comprobadas, no hubo perjuicio para terceras personas. El tribunal describe, además, otras actuaciones constitutivas de delito. La sentencia puede ser recurrida ante el Supremo por el fiscal del caso, Ignacio Gordillo.

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La absolución

El caso Rumasa entró ayer en un punto culminante 14 años después de la expropiación del holding presidido por José María Ruiz-Mateos. El empresario jerezano sólo pudo ser juzgado de dos delitos de falsedad documental, por los que fue extraditado de Alemania (otro delito de estafa incluido en la extradición fue retirado por la fiscal Carmen Tagle cuando llevaba el caso). La Audiencia Nacional, a pesar de la absolución, estima en la sentencia que no se produjo daño económico a terceras personas, a pesar de que el empresario jerezano hizo figurar 17 cuentas bancarias inexistentes y créditos ficticios, efectuó hipervaloraciones del activo de Rumasa y elaboró facturas y certificaciones de obras falsas, según el tribunal. El fallo destaca que la falta de liquidación a Hacienda de las cuotas de impuestos retenidas a sus empleados integró un delito continuado de apropiación indebida de 5.238 millones. Ese hecho no fue calificado como apropiación indebida por el fiscal Gordillo, que se centró en los impresos de liquidación y consideró que integraban un delito de falsedad en concurso con otro de estafa. La sala cree que no se trata de estos delitos, sino de apropiación, que el fiscal no formuló en su acusación. Además, a la Seguridad Social se le debían 19.967 millones. Las deudas a accionistas minoritarios eran de 12.561 millones y los riesgos contraídos fuera de España sin cobertura ascendían a 100.000 millones. Asimismo, el tribunal considera probado que Rumasa tenía una doble conta bilidad, que originó un incremento patrimonial de 356.000 millones.

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