La apariencia de delito no debe ser por sí sola motivo de prisión, según el PNV

La "fundada apariencia de responsabilidad penal" no podrá, "por sí sola", fundamentar ninguna medida cautelar -en especial la prisión provisional-, según la proposición de ley orgánica del PNV, reguladora de la tutela cautelar penal, que tramitará el Congreso de los Diputados después de que el pleno de la Cámara la tomara en consideración por unanimidad. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha evaluado "positivamente" la reforma legislativa, que limitará el poder de los jueces de instrucción.El infórme del CGPJ -de 76 folios- elogia la pretensión de la futura ley de adaptar las medidas cautelares penales a la Constitución y a los convenios internacionales, así como a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, apunta que, en lugar de una nueva modificación parcial, sería más conveniente "abordar la delicada pero necesaria tarea de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en su conjunto". En todo caso, el CGPJ hace sugerencias sobre los puntos concretos de la propuesta.

Margarita Uría, diputada del PNV que elaboró la proposición, cree que una de las novedades del texto -que, según ella, "se enriquecerá con el debate parlamentario"- es que el juez de instrucción no podrá ordenar la prisión provisional u otra medida cautelar contra una persona con fundamento sólo en la apariencia de que ha incurrido en responsabilidad penal. La futura ley exige como "presupuesto ineludible" la "fundada apariencia de responsabilidad penal del sometido a las mismas", pero establece taxativamente que "dicha apariencia no podrá, por sí sola, fundar medida cautelar alguna" y establece la aplicación de tales medidas "con un criterio restrictivo".

La reforma supone un avance sobre la legislación vigente, ya que parte del principio de que "la plena libertad y el pleno disfrute de sus derechos es la situación normal del sometido a un proceso penal". La legislación vigente, para decretar prisión provisional, sólo exige al juez que exista un presunto delito y que aparezcan motivos bastantes para creer responsable criminalmente del mismo a la persona a la que se quiere encarcelar.

Para decretar la prisión u otra medida cautelar, la propuesta del PNV exige que el juez se funde en alguna de las siguientes finalidades: proteger la seguridad pública frente al riesgo de comisión de delitos por el imputado; proteger a la víctima, al imputado y a sus famiIia del riesgo de agresiones o garantizar el eficaz desarrollo del proceso penal.

Entre otras medidas cautelares distintas de la prisión, la futura ley prevé el control judicial periódico; la fianza por las posibles responsabilidades económicas; la prohibición de abandonar el territorio nacional; el decomiso de objetos relacionados con el delito; la prohibición de comunicación con personas que pudieran facilitar su huida o colaborar en la obstaculización del desarrollo eficaz del proceso, con exclusión del abogado. defensor y los familiares del imputado; y el arresto domiciliario.

Máximo, tres años de cárcel

El internamiento del imputado podrá acordarlo el juez o tribunal "únicamente cuando ninguna de las otras medidas aplicables según la ley permita alcanzar, en un grado razonable, los fines cautelares presentes en el caso". La prisión y demás medidas cautelares podrá acordarlas el juez "de oficio o a instancia de parte". El informe del CGPJ considera tal precepto "un retroceso" respecto a la exigencia, in troducida por la ley del Jurado, de que la prisión sólo pueda acordarla a instancia de parte. En cambio, el CGPJ avala el plazo improrrogable de tres años de la prisión provisional (actual mente es de cuatro años).La prisión cautelar "deberá cumplirse en unas condiciones y bajo un régimen que la alejen lo más posible de la naturaleza y contenido propios de las penas de privación de libertad". La futura ley establece que sólo podrá acumularse a la prisión cautelar la prohibición de comunicación con determinadas personas, "si concurre el riesgo cierto de que el imputado se sirva" de tales comunicaciones "para participar en algún delito, o para conspirar, proponer o provocar la comisión de algún delito". El CGPJ sugiere que se concrete "con lógico criterio restrictivo" la duración máxima de dicha acumulación.

La prisión cautelar no podrá acordarse "respecto de personas gravemente enfermas, mayores de 70 años, mujeres embarazadas y personas que tengan a su cuidado directo niños menores de un año". Tampoco podrá acordarse "respecto de toxicómanos, alcohólicos o personas con trastornos psíquicos, siempre que la dependencia o el trastorno pudiera aumentar o agravar los perjuicios ordinarios de la situación de prisión cautelar o alterar el buen orden del establecimiento en el que se debiera cumplir".

Una ley cara

En estos casos, el juez acordará "el internamiento en un centro de tratamiento o estancia adecuado", medida que aplaude el CGPJ, que, sin embargo, advierte de "las necesidades de infraestructura que forzosamente planteará la correcta ejecución" de esta medida.Margarita Uría reconoce que el PP ya le ha señalado que la ley "resultará cara", a lo que la diputada del PNV responde que "la justicia y las garantías procesales exigen que se les dediquen las dotaciones necesarias". Otra previsión cara, evaluada "muy positivamente" por el CGPJ, es la ayuda económica inmediata a la víctima o a sus familiares, si los perjuicios causados por el delito les impiden "satisfacer con dignidad sus necesidades vitales".