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El PP cree en la inocencia de los 10 acusados de fraude electoral

El presidente regional del PP, Pío García-Escudero, afirmó ayer que creía "en la buena fe e inocencia" de los diez miembros de su partido acusados de haber falsificado 3.366 veces la firma de un notario para tramitar votos postales de personas enfermas o incapacitadas en las elecciones municipales de 1991.Estas personas dejaron en manos de los implicados, mediante delegación, la gestión de sus votos, pero sin saber que estos gestores del PP iban a cometer, presuntamente, graves irregularidades electorales.

El juez Rafael Mozo Muelas ha decidido sentar en el banquillo a los diez afiliados del Partido Popular acusados de un delito electoral y falsedad en documento oficial. El magistrado ha remitido el sumario a la Audiencia Provincial de Madrid para la celebración del juicio, cuya fecha no ha sido aún fijada, aunque puede celebrase antes de que finalice el año, según explican fuentes judiciales consultadas.

El fiscal solicita penas de entre nueve años y seis meses de cárcel para Guillermo Núñez Vaquero, Esperanza Martínez Gómez y María del Pilar Hernández Rodriguez. Para los otros siete, inculpados, dos años de prisión. (Véase EL PAÍS de ayer).

Pío García-Escudero manifiesta en defensa de los acusados que los hechos "no tuvieron influencia en los resultados electorales de 1991". El presidente regional del PP recuerda que todo esto sucedió hace seis años y que su partido lleva todo este tiempo esperando que se aclare el asunto.

"Un pucherito"

Por su parte, Jaime Lissavetzky, secretario regional del PSOE, señaló que, si se confirma que hubo fraude electoral, "se demostrará que en las elecciones de 1991 hubo un pucherito" y que "el PP se ha caído con todo el equipo", a pesar de que "cuando saltó el escándalo intentaron negar la mayor".Para el secretario socialista, "es necesario ser muy prudentes hasta que hable la justicia, pero, si se confirma, sería muy grave que desde la sede de un partido se falsifiquen firmas para contar con los votos de otras personas, porque eso da idea del sentido de democracia que tienen en ese partido".

El coordinador regional de Izquierda Unida, Ángel Pérez, calificó los hechos de "muy graves" y afirmó que "fue un intento de pucherazo" para cambiar la voluntad popular. "En IU no somos ni fiscales ni jueces, pero cuando entendemos que hay un delito que es punible y que está perfectamente tipificado, la justicia debe actuar", dijo.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, manifestó que cuando ocurrieron los hechos él estaba "en la calle, haciendo campaña", informa Antonio Jiménez. "No me ocupé de esos asuntos internos, pero, con todo, el número de votos denunciados no hubiera implicado ningún cambio en el resultado electoral", argumentó el regidor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de mayo de 1997