El Supremo devolverá el 'caso Urigoitia' por la débil sospecha sobre Barrionuevo

El caso Urigoitia, que el juez de San Sebastián Justo Rodríguez remitirá a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo tras hallar indicios contra un aforado: el entonces ministro del Interior y actual diputado José Barrionuevo, tiene muchas posibilidades de ser devuelto por el alto tribunal. Altas fuentes de la sala ven probable que, a falta de ue aparezcan indicios más consistentes, el sumario sea remitido de nuevo al juez por la endeblez de la declaración del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán sobre el conocimiento que tuvo Barrionuevo de la manipulación de pruebas hecha por agentes de seguridad.

Las mencionadas fuentes, conocedoras de las imputaciones contra Barrionuevo existentes en ese sumario, estimaron ayer que, a salvo de que el juez Rodríguez aporte algún indicio más consistente que las declaraciones de Roldán, la sala devolverá el sumario al juez de San Sebastián, para que continue la instrucción.La resolución del juez Rodríguez estima, "salvo superior criterio" del Supremo, "necesaria para el esclarecimiento y comprobación de los hechos denunciados, la declaración en calidad de imputado del anterior ministro del Interior y hoy parlamentario José Barrionuevo". Tal necesidad la deduce el magistrado de que, a tenor del documento del Cesid sobre la manipulación de pruebas y según la declaración de Roldán, "se infiere, habida cuenta de que [Barrionuevol ostentaba la máxima responsabilidad en dicho Ministerio, que al menos debía conocer o. estar al corriente de las alteraciones o manipulaciones de los instrumentos y piezas de convicción del delito que se relatan en el mencionado documento, ahora desclasificado".

Acuerdo del juez

El acuerdo de elevar al Supremo el sumario del caso Urigoitia fue tomado el 9 de mayo último por el magistrado, pero no a petición del fiscal o de la acusación.

En cambio, Íñigo Iruin, letrado de ésta, en nombre de la familia de Urigoitia, lamentó ayer que el juez denegara la práctica de una prueba que el abogado considera necesaria. Se trata de una carta anónima, de la que presuntamente es autor un miembro "desde hace más de diez años de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil", remitida desde el juzgado central de instrucción número 1.

El escrito dio origen a un informe pericial del Laboratorio de Criminalística, que obra en el sumario. Pero Iruin pidió "una mejor valoración del documento anónimo". El juez Rodríguez deniega la prueba por considerar que "no puede ser considerado, en rigor, como un medio idóneo y apto para abrir a partir del mismo una línea de investigación". Añade que "valoración distinta merecería (...) si la persona que redactó dicho escrito hubiera comparecido ante este Juzgado".

La resolución del juez Rodríguez razona que debe "imputar a una persona cuando nazca en él una sospecha". Dadas las sospechas del magistrado sobre Barrionuevo, estima "insoslayable (...) que se le reciba declaración en calidad de imputado". Añade que "por razones de aforamiento", la instrucción debe corresponder al Supremo.

Tres días después de firmar esta resolución, el juez Rodríguez pidió al Congreso que certifique la condición de diputado de Barrionuevo. Una vez que la resolución sea firme y que el juez tenga en su poder la certificación del Congreso, elevará un escrito razonado al Supremo.