El Gobierno impugna también el convenio de San Fernando, pese a que la subida a los funcionarios no se ha aplicado

Ya van cuatro. La Delegación del Gobierno en Madrid corroboró ayer la impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia de otro convenio colectivo, esta vez el de San Fernando de Henares (29.700 habitantes), pese a que la alcaldesa de la localidad, Montserrat Muñoz (IU), insiste en que la subida de sueldos a los empleados públicos no se ha hecho efectiva en ningún momento. El recurso a San Fernando es el más atípico de los que la delegación gubernativa ha interpuesto contra los ayuntamientos que pretendieron saltarse la congelación salarial. El pleno local, con el voto a favor de IU y las abstenciones de PP y PSOE, aprobó en junio del 1996, cuando aún no se sabía que el Gobierno iba a plantear una congelación salarial, una subida para 1997 igual el IPC. Sin embargo, a la hora de aprobar los presupuestos, el pasado mes de marzo, el consistorio sí se atuvo a las directrices estatales y dejó intactos los sueldos, como se le exigía.Ello no ha sido suficiente para eludir la impugnación del delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades. La delegación sólo tiene conocimiento del convenio colectivo, que llegó a sus manos el pasado 12 de noviembre, y ha actuado a tenor de este documento enviando un informe al abogado del Estado. En el caso de San Fernando ni siquiera ha habido un margen de 15 días para rectificar, como se le ofreció a los anteriores ayuntamientos díscolos (Alcorcón, Alcalá de Henares y Getafe). "Como el convenio consta desde el mes de noviembre, ya se nos había pasado el plazo para extender al Ayuntamiento un requerimiento de anulación. Por ello hemos pasado directamente a la impugnación", expuso ayer el secretario general del organismo gubernativo, Miguel Ángel Recio, quien mostró su disposición a "revisar" el caso.

Tanto PSOE como IU arremetieron ayer contra el Delegado del Gobierno por recurrir contra esos ayuntamientos, según Servimedia. Para Jaime Lissavetzky, portavoz socialista, "ir contra los presupuestos de estos municipios, aprobados antes que los del Estado, es una clara injerencia municipal".