Corrales afirma que se está presionando a testigos clave del 'caso Zamora'

Testigos clave del caso Zamora, sobre presunta financiación ilegal del PP (y su antecedente Alianza Popular, AP) entre 1983 y 1991 mediante el cobro de comisiones ilegales a constructores a cambio de adjudicaciones de obras, han sido presionados para rectificar su postura. Así lo asegura el empresario Eduardo Corrales Cavarrot. Éste afirmó que José María Aznar recibió tres millones de pesetas que, supuestamente, utilizó para financiar su candidatura por AP a la presidencia de Castilla y León. Corrales implica también a otros dirigentes populares de la ciudad. El PP se ha querellado por un presunto delito de injurias y calumnias contra Corrales, quien asegura que la existencia de las citadas presiones "es vox pópuli" en Zamora.

"Zamora es muy pequeña", dice Corrales, "y eso [las presiones] lo llevamos todos muy claro". Aunque nadie ha querido precisar de dónde proceden las presiones o quienes las ejercen, Corrales sí apunta que el constructor Mariano Santarén "está recogiendo velas" sobre lo que declaró al diario La Vanguardia hace una semana, "porque supuestamente está recibiendo presiones".Santarén, propietario de la empresa Sondeos Santarén, declaró que la petición de comisiones por la adjudicación de obras en la Diputación zamorana se llevaba a cabo "en plan descarado" y que quienes se negaban eran "olvidados en las adjudicaciones". También señaló que "muchos cedieron y pagaron" y que incluso tuvo conocimiento "de uno que tuvo que llevar un maletín con tres millones".

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, defendió ayer, precisamente en Zamora, la inocencia del presidente nacional del PP y del Gobierno de José María Aznar, de quien dijo que "adernás de ser honrado, es que parece que es honrado".

En su opinión, la implicación de Aznar en este asunto, por la supuesta percepción de dos cheques por valor de tres millones de pesetas entregados por constructores zamoranos para su campaña electoral de 1987, cuando optaba a la presidencia de Castilla y León, es consecuencia del "interés político de algún grupo o persona que trata de mover esta cuestión".

La coalición IU, como criterio a seguir tras constituirse la comisión de investigación de la Diputación -en la que se integran PP, PSOE y la escisión del PP que lidera el presidente Antolín Martín, suspendido de militancia y a punto de ser expulsado junto a otros cinco diputados pide que la investigación se centre en el cruce de datos de quienes fueron adjudicatarios de obras de la institución y de quienes aparecen como donantes del PP. Izquierda Unida estima necesario que los populares colaboren en ello, al igual que los afectados y las entidades de crédito en que se recibieron donaciones.

IU sostiene que debe haber un control riguroso de los incrementos patrimoniales de los diputados que fueron presidentes, vicepresidentes o responsables de la comisión de obras de la institución", sin perjuicio de que "la fiscalía investigue las declaraciones a la Hacienda" de aquéllos.

Se añade que, en función del propio informe interno del Partido Popular, "el hecho de que en, 1987 se cuadruplicaran las donaciones (4,3 millones) a AP / PP con respecto a otros años" podría confirmar la tesis de Eduardo Corrales sobre la donación de tres millones de pesetas de dos empresarios a la campaña de las elecciones autonómicas de ese mismo año [de José María Aznar]". Izquierda Unida no descarta la responsabilidad de Aznar, al menos política y moral, en los hechos. objeto de investigación.