Tres jueces del Supremo zanjarán los conflictos sobre secretos de Estado

Las sesiones que han celebrado 33 magistrados de la Sala Tercera del Supremo para desclasificar los papeles del Cesid no volverán a repetirse si prospera el anteproyecto de Ley de Secretos de Estado elaborado por el Gobierno. El texto acepta que los tribunales puedan revisar la decisión del Consejo de Ministros de no desclasificar un documento secreto, pero reserva esta facultad a un nuevo organismo: la Comisión de Secretos de Estado, integrada por el presidente y otros dos magistrados del Supremo elegidos por su sala de gobierno.

El Ejecutivo ha modificado profundamente el anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales que envió en agosto de 1996 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que fue objeto de durísimas críticas. Para empezar, le ha cambiado hasta el nombre. El texto que en breve aprobará el Consejo de Ministros se llama anteproyecto de Ley de Secretos de Estado. Además, el Gobierno ha suprimido los aspectos más polémicos, como la posibilidad de imponer multas de hasta 100 millones de pesetas a los medios de comunicación que difundan secretos. También se ha reducido drásticamente el plazo necesario para la desclasificación automática de un documento, que antes era de 50 años en el caso de los secretos y altos secretos, y de 25 en el de los confidenciales. Ahora queda en 25 y 10, respectivamente. Igualmente, se limita al Consejo de Ministros la potestad para clasificar secretos, que en el proyecto inicial tenían también los ministros. Con todo, la creación de la Comisión de Secretos de Estado, como instancia judicial capacitada para revisar la decisión del Consejo de Ministros de negar un documento secreto a un juez, constituye la principal novedad. Se trata de llenar con ello, regulándolo y limitándolo, un vacío legal que se ha puesto espectacularmente de manifiesto en el caso de los papeles del Cesid.