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La Agencia de Protección de Datos abre expediente a la discoteca Ku por 'ocultar' un fichero con 8.000 nombres

La Agencia de Protección de Datos ha abierto un expediente sancionador a la discoteca Ku Madrid por no facilitarle -para su inscripción en el registro oficial- el fichero informatizado que posee sobre personas. El expediente es fruto de una denuncia presentada ante la agencia, el 16 de enero de 1996, por Jesús A. H. Este usuario se quejó de haber recibido invitaciones del local -con su nombre y dirección- a pesar de que, dijo, nunca había estado en él ni le había facilitado sus datos.El expediente está dirigido contra Pindaya, SA, empresa propietaria de Ku Madrid, como "responsable de un fichero automatizado de datos de carácter personal", según consta en el acta sancionadora abierta por la agencia. Tras la denuncia, un inspector de la agencia visitó el local y comprobó que disponía de un ordenador con profusa información sobre personas. En ese ordenador figuran datos de unas 8.000 personas, admitieron fuentes del local.

Miguel Ángel Orella, coordinador del departamento de atención al ciudadano de esta agencia, explicó: "No sé si es éste el caso, pero algunas discotecas cambian de dueño y se trasvasan datos de los clientes". Tener un listado con. datos de usuarios no es, en principio, ilegal. No obstante, existe la obligación de comunicarlo a la agencia para su control e inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

La agencia asegura que ha requerido en tres ocasiones a la discoteca para que ponga a su disposición los datos. Pero hasta la fecha, según informa la agencia en el Boletín Oficial del Estado del pasado 15 de febrero, no ha obtenido respuesta. "No hay ningún inconveniente en inscribir esos datos; lo que ocurre es que no hemos recibido ninguna notificación al respecto", indicaron fuentes de Ku Madrid. Estos medios recuerdan que el inspector que visitó el local no halló en el ordenador, porque no figuraba, al denunciante. "La única explicación es que alguno de los relaciones públicas que hemos tenido le enviase una invitación a petición de una persona que le conocía", razonaron.

La ley orgánica de 1992 que regula el tratamiento automatizado de datos personales sanciona como falta leve y con una multa que oscila entre las 100.000 y los 10 millones de pesetas la ocultación de datos de esta índole.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de febrero de 1997