Nuevas huelgas en Francia por la jubilación a los 55 años

El transporte público de casi todas las ciudades francesas, salvo París, quedó ayer paralizado por una huelga de conductores y otros empleados, lo que provocó importantes atascos de tráfico en Burdeos, Lyon y Marsella. Los huelguistas exigían lo que ya consiguieron los camioneros en diciembre, la jubilación a los 55 años, con el añadido ahora de una reducción de la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales.La protesta fue seguida masivamente y demostró que el adelanto de la edad de jubilación, que tanto el Gobierno como la oposición socialista consideran financieramente inviable, sigue siendo una reivindicación popular en Francia. En París no hubo huelga porque sus trabajadores de transporte público disfrutan ya de la jubilación desde los 55 años.

Una encuesta publicada ayer por el diario Le Parisien indica que la mayoría de los franceses (54%) considera imposible que todo el mundo pueda retirarse a los 55 años. Más bien al contrario, opinan que a esa edad se está en plena forma y se dispone de una experiencia profesional muy útil.

La opinión cambia al referirse a los oficios "penosos", identificados generalmente con el trabajo manual. En ese caso, más del 90% de los encuestados se declaran partidarios de una jubilación temprana. Los empleados del transporte público esgrimen como argumento a su favor la penosidad de su trabajo, no tanto por la tarea en sí, como por las frecuentes amenazas y agresiones que sufren.

Otro indicio sobre los deseos de los franceses de trabajar menos es -la avalancha de adhesiones recogida por la llamada ley Robien. Esa ley, aprobada por el Parlamento en junio del año pasado a iniciativa del diputado conservador Gilles de Robien, disminuía las cargas económicas (Seguridad Social y reducción de deudas) a las empresas que acorten la jornada laboral de sus empleados y creen nuevos puestos de trabajo.

Para 1997 se presupuestaron 800 millones de francos (casi 20.000 millones de pesetas) para compensar la aplicación de la ley Robien. El Gobierno teme que esa partida quede superada muy pronto y que el coste sea insuperable para las arcas públicas.