España, dispuesta a acudir a los Tribunales de la UE si prosperase el DNI de Gibraltar

España y el Reino Unido resolvieron ayer la polémica sobre los pasaportes gibraltareños con la creación de una comisión mixta que resuelva los problemas "técnicos" relacionados con la próxima aplicación de la legislación de la UE, a los pasaportes de la colonia. Éste fue el resultado más concreto de la décima reunión bilateral sobre Gibraltar, celebrada por el ministro de Asuntos Exteriores español, Abel Matutes, y su homólogo británico, Malcolm Rifkind. España hizo saber que no aceptará el DNI gibraltareño, autorizado por Londres, y que acudirá ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades si en Bruselas la tesis de que España reconocerlo para garantizar la libre cirulación de personas.

El diálogo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar sigue estancado en los temas de fondo. El Gobierno español reclama avances en la negociación sobre la soberanía del Peñón y el británico se escuda en que nada puede decidirse sin consultar con el pueblo de Gibraltar. Londres pide que se acepte a los gibraltáreños en las negociaciones como una tercera parte, y Madrid responde que lamenta sinceramente su ausencia, pero que sólo pueden estar presentes como miel miembros de la delegación británica. Ello no impidió que ambos ministros lamentaran, al término de la reunión, la ausencia del ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana. Matutes subrayó que esperaba que reconsiderase su actitud y que acuda a próximos encuentros. Este desacuerdo de fondo, que bloquea cualquier avance en temas de tanto interés para la región como el del uso del aeropuerto, no impidió que los diplomáticos españoles expresaran su satisfacción por la claridad de términos, no exenta a veces de dureza, en que se había desarrollado la negociación.

Pasaportes

La agenda española de la reunión contemplaba, además de los temas de soberanía, el problema de los tráficos ilícitos de la colonia que descansa en la opacidad financiera del enclave, lo que permite que se desarrollen operaciones de blanqueo de dinero del narcotráfico.El ministro británico reconoció indirectamente la existencia de este problema al dar garantías de que el Reino Unido está interesado en luchar contra la "opacidad" bancaria y abogó por que Gibraltar se constituya en un "centro financiero transparente" de acuerdo con la normativa de la Unión Europea.

La agenda británica tenía como prioridad recibir garantías de que España no impedirá la libre circulación de los residentes gibraltareños. En ese sentido, Matutes subrayó al término de la reunión que "España reconoce el derecho de los gibraltareños a la libre circulación dentro del territorio de la Unión Europea", pero señaló que se debe producir dentro de la legislación europea. Esto implica la revisión del convenio bilateral, de hace 33 años, de supresión de visados.

Dado que el Reino Unido no otorga a todos los gibraltareños el derecho a tener un pasaporte británico homologable al que tienen los ciudadanos de la metrópoli, se constituirá una comisión mixta para analizar a cuantos gibraltareños puede afectar, la legislación comunitaria. España, en teoría, no tendría ninguna obligación de reconocer a estos gibraltareños -con menos derechos según la legislación británica- la libre circulación en el interior de la UE. El problema, según fuentes diplomáticas españoles, puede afectar a unos 2.000 pasaportes gibraltareños de los 14.000 que existen en la colonia.

La comisión mixta que analizará estos problemas, calificados reiteradamente por Matutes como "técnicos", estará constituida, por parte española, por miembros de la Dirección General de Asuntos Consulares.

Autoridad nacional

Tanto en el caso de los pasaportes gibraltareños que no son homologables con los británicos, como en el caso del DNI del Peñón -documento que no existe en el Reino Unido- España opone una cerrada resistencia a reconocer cualquier documento que normalmente sólo emiten las autoridades nacionales.La posición de la diplomacia española es que la documentación de los gibraltareños es un problema exclusivamente británico, que se podría solucionar documentando a todos los gibraltareños de forma adecuada. Es decir, con pasaportes de pleno derecho del Reino Unido.

La décima reunión del proceso negociador que se inició en Bruselas en 1984 no contó, sin embargo, con avances en el tema sustancial, la recuperación de la soberanía española del Peñón, por la hostilidad del nuevo Gobierno gibraltareño a sumarse al proceso negociador. Las ofertas españolas para atraer a Caruana al proceso negociador no parecen haber tenido más éxito que con su predecesor Joe Bossano, que siempre se opuso al mismo.

El ministro Matutes reconoció las dificultades que ofrece el tema de la soberanía al señalar en la conferencia de prensa que ese tema va para largo.