El Congreso aprueba que se inicie la tramitación del proyecto de videlovigilancia

Las videocámaras instaladas en las calles como instrumento de la policía para combatir la violencia acabarán instalándose. El Congreso rechazó ayer la devolución del proyecto al Gobierno, como pedían Izquierda Unida y los representantes de Eusko Alkartasuna (EA) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). En definitiva, la devolución al Gobierno sólo consiguió 18 votos de los grupos mencionados, frente a 310 que aprobaron que se inicie la tramitación del proyecto.

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, defendió la bondad del texto legal y explicó que supone, ante todo, una - regulación de un auténtico "vacío legal". Este hecho demuestra, según Mayor Oreja, que a partir de ahora la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrá importantes garantías jurídicas. Por ejemplo, se establece un plazo de 72 horas para entregar las cintas a los jueces y su destrucción en un mes si carecen de interés policial y judicial.José Navas, en nombre de Izquierda Unida, no estuvo en absoluto de acuerdo con esta interpretación. Pidió que se retirase el proyecto ya que, en su opinión, se trata de una norma que introduce una gran inseguridad jurídica y trata, en definitiva, de aplicarse "básicamente en un territorio" en alusión a la violencia callejera en el País vasco.

Begofia Lasagabaster, en nombre de Eusko Alkartasuna, destacó que se trata de un proyecto "que afecta a todos los ciudadanos por un fenómeno muy concreto y determinado" y subrayó que "es muy discutible que este proyecto de ley sea eficaz para lo que pretende".

Francisco Rodríguez, portavoz del Bloque Nacionalista Galego, se opuso a la tramitación del proyecto porque se mueve constantemente con conceptos jurídicos indeterminados, lo cual, en su opinión, lo hace totalmente rechazable en un Estado de derecho.

Javier Barrero, del Grupo Socialista, criticó la redacción del proyecto y anunció que su grupo presentará numerosas enmiendas al articulado, aunque apoyó que siga debatiéndose. La misma posición adoptaron CIU, Coalición Canaria y el PNV.El error del ministro

Mayor Oreja protagonizó la anécdota de la sesión, al votar erróneamente a favor de una enmienda de Izquierda Unida durante el debate del proyecto de videovigilancia. El titular de Interior explicó después en los pasillos del Congreso que su apoyo a la enmienda de IU no había sido fruto de una "crisis" en el seno del Gobierno, sino a que había pulsado equivocadamente el botón a la hora de votar.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxà, reconoció ayer la necesidad de aclarar las competencias de los diferentes cuerpos policiales. En la clausura del primer congreso de la Federación de Asociaciones de Jefes de Policía Local, aceptó que Interior tiene el "reto" de racionalizar las funciones de estos cuerpos.

Martí Fluxà recordó que el Parlamento ha creado recientemente una comisión para estudiar el futuro modelo policial.