El Poder Judicial prevé ejecutar hoy mismo la expulsión de Moreiras

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial CGPJ) tiene previsto ejecutar hoy a sanción de un año de suspenión en la carrera judicial al juez Miguel Moreiras, por una falta muy grave de revelación de secretos de un sumario en el que está inculpado el ex presidente de Baesto, Mario Conde. El órgano jurisdiccional, que impuso la sanción hace una semana, también prevé denegar la suspensión del castigo pedida por Moreiras. Si se materializa la expulsión, el juez Manuel García Castellón se encargará provisionalmente del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, hasta ahora ocupado por Moreiras.

La previsible ejecución del castigo significará el inmediato abandono de la Audiencia Nacional por parte del juez Moreiras. El probable acuerdo de la comisión permanente del CGPJ -integrada por su presidente, Javier Delgado, y vicepresidente, Luis López Guerra, y por los vocales Elisa Veiga, Margarita Retuerto y Damián Alvarez- se fundamentará en el artículo 425 de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual "la resolución sancionadora será ejecutiva cuando agote la vía administrativa, aún cuando se hubiere interpuesto recurso contencioso-administrativo, salvo que el tribunal acuerde su suspensión".

La ejecución de la sanción se suspenderá en el caso de que la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo acepte suspender el acuerdo del CGPJ. Mientras tanto, los asuntos que investigaba Moreiras pasarán a la competencia del juez García-Castellón, que pasará de juez de apoyo del Juzgado Central número 3 a titular provisional del mismo.

Juzgado a concurso

Si el CGPJ tarda unos meses en sacar a concurso ese juzgado, es muy probable que para entonces ya se conozca la decisión del Tribunal Supremo sobre si suspende o no la sanción, según explicaron fuentes judiciales. En caso de que decida suspenderla, Moreiras regresará al juzgado del que era titular y permanecerá en él hasta que se produzca sentencia sobre su sanción. Y en caso de que el Supremo deniegue tal suspensión, la ejecución del castigo seguirá su curso hasta que haya sentencia.La ejecución del castigo es, según las citadas fuentes, la decisión más acorde con la inmediatez de la sanción y no vulnera las garantías del sancionado, que volverá provisional o definitivamente a su juzgado si así lo acuerda el Supremo; ni el servicio público, ya que el juzgado seguirá funcionando.

Para interponer el recurso contencioso-administrativo contra la sanción, Moreiras cuenta con un plazo de dos meses a partir de su notificación, realizada el 11 de octubre último. El catedrático de Derecho Penal Horacio Oliva, letrado de Moreiras, se dirigió ese día al presidente del CGP.I para anunciarle la interposición del recurso "de modo inmediato" y comunicarle que "se va a solicitar de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo la suspensión de la ejecución de la resolución objeto del recurso".

El abogado de Moreiras entiende que "no procede el inicio de actuación alguna de ejecución" del castigo, hasta que el Supremo no resuelva sobre su suspensión. Entre otros perjuicios, invoca los derivados de la posible vulneración de la tutela judicial efectiva.

El letrado asegura que Moreiras "no tiene otra fuente de ingresos que su trabajo" y alega la inamovilidad e independencia judicial, así como el "perjuicio superfluo a la tramitación de las causas en curso en el Juzgado Central de Instrucción número 3 en tanto se proveyere la vacante". Por ello, pide que se suspenda la sanción mientras decide el Supremo.