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Los pactos, el Estado-nación y el Estado-fundación

Los pactos entre el Partido Popular y Convergéncia i Unió, que hicieron posible la formación del nuevo Gobierno, deberían servir para algo mucho más sustancial que la incorporación de los catalanes a la gobernabilidad del Estado. ¿Alguien cree, de verdad, que esa incorporación no se ha producido todavía?Como suele decir acertadamente el presidente Pujol, la Generalitat es el Estado en Cataluña, y los catalanes, como los vascos, se sirven tan eficazmente como los demás de sus ayuntamientos, diputaciones, parlamentos, y grupos parlamentarios en el Congreso, para penetrar en el tejido nacional, incluido el Consejo del Banco de España.

En vísperas del siglo XXI, y a la luz del cambio cultural y tecnológico en curso: ¿cuál debería ser el contenido de los pactos entre Gobierno central y Gobierno autonómico? Mi sugerencia es sencilla: que los poderes autonómicos se ocupen de la política y el poder central asuma las tareas realmente importantes. Sería el comienzo de un proceso de transformación institucional que conduciría desde el concepto actual de Estado-nación al concepto futuro del Estado-fundación, mucho más coherente con las exigencias del siglo XXI.

La civilización es el resultado de un compromiso entre tensiones opuestas que es preciso hacer compatibles: tradición y modernidad, percepción local y global, intereses materiales y espirituales, conocimientos reflexivos y experiencia práctica, exigencias del corto y del largo plazo. Dei todas estas tensiones, la peor asumida -el acuerdo de los expertos es aquí total- es la última citada, que ha llevado a la humanidad al borde de su propia extinción por la hegemonía desbocada de los intereses a corto plazo y el sacrificio ciego de los intereses más permanentes. Tal ha sido el resultado de la concentración de actividades de todas las instancias, Gobiernos locales, autonómicos y centrales, en el corto plazo. No hay quien se ocupe serena y profesionalmente del medio plazo, y de ahí que los mejores, especialistas de la química y la biología vaticinen que la especie humana, a este paso, batirá el récord de las civilizaciones que han sobrevivido menos años; en todo caso, muy por debajo de los 100 millones que duraron los dinosaurios.

¿Cuál es, pues, el único fundamento lógico del previsible reparto de competencias entre el Gobierno central y lo s autonómicos? Lo que distingue a unos problemas de otros, en este contexto, no es su grado de complejidad ni la cercanía a los ciudadanos -la distancia se ha esfumado con Internet-, sino los plazos para poder solucionarlos. Sencillamente, existen desafíos cuya solución va mucho más allá del corto periodo de tiempo dictado por una vida biológica. Hay problemas, sin duda los más cruciales, cuyo contenido es intergeneracional, y en cuyas soluciones deben prevalecer los intereses muy a largo plazo de la comunidad sobre las ambiciones destructivas del corto plazo.

La protección del medio ambiente es el problema intergeneracional por excelencia, pero hay muchos más: la gestión de las pensiones y de los niveles mínimos de solidaridad; la investigación básica, cuyo coste no puede figurar en los precios individuafizados de todos los productos sin dejar de ser competitivos; políticas de defensa; cambio climático; exploración especial; la gestión universalmente compartida de los recursos colectivos: bosques, mares, ríos y recursos energéticos; velar por la diversidad de las especies; o la normativa ética que debe acompañar a la manipulación genética.

Que nadie intente identificar los supuestos principios lógicos que orientaron el reparto actual de competencias entre autoridades centrales y autonómicas. Los criterios de la Constitución y los estatutos fueron profundamente azarosos, influenciados unas veces por el peso, en este caso liviano, de la historia, y en otras ocasiones por el principio de subsidiariedad que, llevado a sus últimas consecuencias, dejaría al Gobierno central sin competencia alguna. Si lo que puede hacer sobrada y razonablemente el nivel inferior no debe abordarlo el nivel superior, en el estado actual de los conocimientos y las tecnologías de la información, no existe ninguna función de gobierno que catalanes y vascos no puedan ejercer con idéntico grado de excelencia que el propio Gobierno central.

A la luz de esta situación, y de las exigencias crecientes de autogobierno, que son una componente básica del cambio cultural en curso, resulta inevitable la retirada de la Admistración central de la vida cotidiana. Los esfuerzos públicos deberán concentrarse en la solución de las contingencias que dimanan del muy largo plazo; es decir, los impactos de fenómenos que inciden sobre varias generaciones y que, por tanto, escapen a las posibilidades de previsión y gestión de una sola vida.

La actuación ineficaz e intimidadora del Estado-nación en la gestión de la vida cotidiana, ya de por sí sobregestionada por Gobiernos locales y autonómicos, deberá dar paso a un Estado-fundación comprometido con la solución de los problemas intergeneracionales antes apuntados.

Todo el resto se podrá transferir a los poderes autonómicos y locales. Al recuperar así la posibilidad de que otras instancias se ocupen, por fin, de los desafíos a largo plazo ya no haría falta cuestionar, como preguntaba el científico Gerard O'Neil a sus alumnos de la Universidad de Princeton, si el planeta Tierra era el lugar más adecuado para desarrollar una civilización tecnológica. Con el reparto vigente de competencias, o mejor dicho, con la obsesión actual de coincidir todos en el corto plazo, no resulta extraño que la respuesta de los alumnos de Gerard O'Neil fuera masivamente negativa.

Ya que el destino quiso que se firmaran los pactos, aprovéchese esa bendita ocasión para darles contenido. Lo lógico hubiera sido perfilar los contenidos, primero, y, luego, firmar los pactos; pero el espíritu cartesiano no es consustancial del que hacer político.

Eduado Punset. Ex ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0017, 17 de junio de 1996.

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