Del Río anuncia que no habrá otro plazo para alegar al Plan General

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Ignacio del Río, anunció ayer que el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad no volverá a ser sometido a información pública, una vez que la Corporación lo apruebe el próximo julio. Del Río auguró que el proyecto entrará en vigor "no más allá del final de este año". Esta decisión del edil es contradictoria con lo comunicado a la comisión técnica del plan el pasado 30 de mayo.Los responsables del plan general del PP habían acordado una nueva aprobación inicial para finales de este mes -consecuencia de los numerosos errores y erratas encontrados tras la primera aprobación en pleno en marzo de 1995- y un periodo de información al público y recogida de alegaciones durante el mes de julio.

En septiembre volvería al pleno para pasar ya a la Comunidad de Madrid, que daría su visto bueno definitivo a finales de año. Pero la adaptación del plan a las novedades del decreto del Gobierno de José María Aznar retrasa a julio el paso del plan por el pleno municipal.

Del Río enarbola además ese decreto, que reduce el plazo de información de los planes generales de seis a tres meses para apoyar su decisión. Considera el concejal que no hay modificaciones sustanciales en los documentos de planeamiento y que ha habido 13 meses de información -en realidad sólo se pudieron presentar alegaciones durante seis-.

El responsable de Urbanismo del Ayuntamiento madrileño hizo este anuncio durante su intervención ante las VII Jornadas Nacionales de la Construcción, un encuentro promovido por la patronal del sector que se celebró los dos últimos días en la isla de A Toxa (Pontevedra).

Del Río defendió ante los empresarios la necesidad de flexibilizar los planeamientos urbanísticos de las ciudades y suprimir trámites burocráticos que puedan suponer un freno a la actividad privada.

El papel municipal

El concejal defendió ante los constructores la necesidad de mantener los sistemas de planeamiento urbanístico, pero se mostró partidario de introducir diversas medidas liberalizadoras, así como reformar la fiscalidad de las viviendas, lo que, a su juicio, puede suponer "una auténtica revolución en el mercado del suelo".Según Del Río, "hay que reconsiderar el papel del sector público municipal dentro de la construcción de viviendas" para ceder más protagonismo a la ¡iniciativa privada.

También propugnó una reducción del número de licencias necesarias para emprender un proyecto urbanístico, que, en opinión del edil, no debería pasar nunca "por más de dos controles municipales". Del Río señaló que el Ayuntamiento prevé atraer al mercado inmobiliario recursos por valor de 500.000 millones de pesetas.