Galindo ordenó matar a Lasa y Zabala, según el juez

El magistrado Javier Gómez de Liaño considera que el general Enrique Rodríguez Galindo decidió en 1983 la muerte de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala debido a su Iamentable estado físico" como consecuencia de las torturas que se les había infligido. Así consta en el auto que le fue notificado ayer y en el que el general es procesado como autor por inducción de delitos de detención ilegal, torturas y dos asesinatos. El juez procesó también al teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto como autor de los dos asesinatos y al abogado vinculado al Ministerio del Interior Jorge Argote, por delito de encubrimiento. Además, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera declaró ayer como imputado en este mismo sumario e incluso mantuvo un careo con el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán. Vera salió en libertad, aunque el juez mantiene su condición de imputado.

El juez de la Audiencia Nacional procesó a Gómez Nieto como autor de los dos asesinatos de Lasa y Zabala, y al abogado Jorge Argote como autor de un delito de encubrimiento. El magistrado ha impuesto una fianza de 100 millones a Rodríguez Galindo, de 60 a Gómez Nieto y de 15 a Argote, en concepto de responsabilidad civil para asegurar las indemnizaciones para las familias de las víctimas que pudieran declararse en su día.El auto recoge que "altos mandos dependientes o ligados con los Ministerios de Interior y Defensa" planearon la detención de refugiados vascos en Francia con el fin de canjearlos por personas secuestradas por ETA o para interrogarlos "a fondo" y sacarles información. Todas esas acciones -planificadas, coordinadas, con un fin específico y reivindicadas en nombre de los GAL- "se ejecutaban con el permiso, consentimiento o aprobación de las más altas superioridades del grupo".

Según el auto, Galindo dirigía una de las ramificaciones, en la que estaban integrados un reducido número de guardias destinados en el cuartel de Intxaurrondos (San Sebastián), entre ellos, Enrique Dorado, Felipe Bayo y el entonces sargento y hoy teniente Gómez Nieto, todos ellos encarcelados.

Encapuchado para una visita

El juez detalla, como ya hizo en el auto dé procesamiento de Dorado y Bayo, cómo fueron secuestrados en Francia Lasa y Zabala y trasladados al palacio de La Cumbre, en San Sebastián, en donde los presuntos etarras fueron torturados para arrancarles información y como venganza por los atentados de ETA contra guardias civiles. Galindo conoció puntualmente la situación, y visitó encapucha do a los dos secuestrados, aunque no consta que participase en los malos tratos. Fue Galindo quien decidió, según el juez, que se hiciera desaparecer a los dos refugiados.El relato de Gómez de Liaño detalla que, cumpliendo lo dispuesto por Galindo, sus agentes Dorado, Bayo, Gómez Nieto y otros no identificados trasladaron a Lasa y Zabala hasta la Foya de Coves, en Busot (Alicante), en donde los desnudaron y, tras situarlos frente a una fosa cavada previamente, el sargento Dorado los mató de tres disparos en la cabeza: uno a Lasa, por la espalda, y dos a Zabala, a cañón tocante. Los cadáveres fueron cubiertos con cal viva para hacer desaparecer los restos.

El juez hace referencia en su resolución al auto dictado por el instructor del caso GAL en el Supremo, Eduardo Móner, el 23 de enero de este año, sobre la formación de una banda organizada y armada llamada GAL. En él se procesaba al ex ministro del Interior José Barrionuevo, al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal. Esta referencia sugiere que el caso Lasa-Zabala podría pasar en su momento a ser competencia del Supremo. Gómez de Liaño agrega que "los documentos [del Cesid] en trámite de desclasificación [como secretos] pueden dar fe plena de la formación, evolución y acciones de ese grupo".

Rafael Vera negó ayer ante Gómez de Liaño que hubiera propuesto eliminar a Dorado y Bayo para evitar que contasen lo que sabían de la guerra sucia contra ETA, así como las restantes acusaciones formuladas por Luis Roldán contra él y el abogado Argote. Incluso celebraron un careo en el que Vera llegó a llamar sinvergüenza a Roldán. Ambos mostraron igual grado de firmeza.

Tras quedar en libertad, Vera asistió a un almuerzo en el restaurante Los Porches, de Madrid, en compañía de los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera. Les acompañaron también Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE; Txiki Benegas, secretario de relaciones políticas e institucionales, y Francisco Fernández Marugán, secretario de Administración y Finanzas.

Respecto al abogado Argote, el juez afirma que conoció los hechos relativos a Lasa y Zabala antes de que asumiera la defensa de Dorado y de Bayo en otros procesos seguidos contra ellos por robo, torturas, cohechos y amenazas. El auto relata diversas maniobras para silenciar a los dos guardias e incluso llega a afirmar que, en una ocasión, Argote, "ante el temor de que Bayo difundiera el contenido de unas cintas de audio en las que, al parecer, estaban grabadas la detención, torturas y muerte de Lasa y Zabala, llegó a proponer eliminar a Felipe Bayo".

El auto hace un análisis sobre la que sería mejor que no fuese adoptada por el instructor, sino por otro juez o tribunal.

Concluye reconociendo la eficacia de la Guardia Civil en la lucha antiterrorista, aunque precisa que "esos méritos individuales o colectivos nunca deben servir para dar por buenos delitos como los que aquí se investigan: secuestro, tortura y asesinato. Y menos aún si con ello lo que se busca es convencer a determinados sectores sociales de que el Estado de derecho y la Ley no sirven para aplicar justicia en el problema del terrorismo".

Coartadas

Ayer comparecieron también a declarar el teniente y hoy capitán en la reserva Fidel de Hoyo Cepeda, y el capitán y hoy comandante Angel Vaquero, que fueron mandos del cuartel de Intxaurrondo. Ambos afirmaron ante el juez que Dorado no pudo participar en el secuestro de Lasa y Zabala la noche del 15 de octubre de 1983 ya que estuvo con ellos en la carretera de Oñati a Aretxabaleta (Guipúzcoa), en donde se había producido un atentado contra una patrulla de la Guardia Civil y un agente había resultado muerto.Los dos testigos, que eran superiores jerárquicos de Dorado, dijeron que no recordaban a los también guardias civiles Bayo, Gómez Nieto, Francisco Hermida o Luis Valentín, Sandoval, pero que Dorado estuvo en el lugar de los hechos mientras se hacía el atestado. Estas declaraciones han sorprendido a los abogados de la acusación, ya que Dorado nunca dijo al juez que estuviese en ese lugar la noche del secuestro de los dos presuntos etarras.