El Gobierno y el Partido Popular, de acuerdo en facilitar la entrada de un socio industrial en un socio industrial en la constructora

La crisis de Huarte está siendo seguida muy cerca tanto por el Gobierno en funciones como por el Partido Popular. Tan de cerca que se ha convertido en uno de los asuntos que el ministro de la Presidencia en funciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, incluyeron en su agenda de asuntos de control conjunto. No obstante, dicho seguimiento fue delegado en el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Antoni Llardén, mano derecha de José Borrell; y en Juan Costa, diputado popular por Castellón, experto en temas fiscales y uno de los hombres de confianza de Rodrigo Rato.Hasta el momento, Llardén y Costa han mantenido un total de cuatro reuniones en las últimas semanas, en las que el representante de la Administración ha ido remitiendo toda la información que recibía al diputado del PP. Es decir, la documentación que maneja el Ejecutivo, así como el contenido de las reuniones mantenidas con los interventores de la suspensión de pagos, los representantes de las grandes constructoras y los responsables de la alemana Hochtief, única sociedad que se ha dirigido a la Administración mostrando interés en controlar Huarte.

Con estos datos sobre la mesa, Llardén y Costa han llegado a una especie de pacto no escrito sobre cual ha de ser la línea de actuación de la Administración en la crisis de la constructora. En primer lugar, coinciden en que la única salida para la empresa es la entrada de un socio fuerte, "con músculo y que sepa lo que compra". De lo contrario, la salida es la "liquidación ordenada".

El Gobierno y el PP también están de acuerdo en seguir manteniendo las obras públicas adjudicadas a Huarte mientras se clarifica la entrada del socio. Si ésta fructificase, la Administración aceptaría ciertos retrasos hasta que la nueva Huarte recobrara la normalidad. El último punto en el que el consenso es pleno es la rotunda negativa a que ICO conceda préstamos a la constructora, aunque sí se podrían dar avales.