Veinte empresas de inserción ofrecen una salida laboral a grupos marginados

BEGOÑA AGUIRRE, Las empresas de inserción son compañías que pretenden competir en el mercado, pero con una peculiaridad: sus trabajadores pertenecen a colectivos marginados (mujeres solas con cargas; familiares, ex toxicómanos, ex reclusos, indigentes) que luchan así por un futuro laboral. Estas sociedades, promovidas por asociaciones sin ánimo de lucro, están implantadas en países como Francia. En Madrid, según Cáritas, hay una veintena. Reclaman una legislación que las ampare y medidas de apoyo para paliar sus desventajas por tener empleados que otras empresas rechazan.

Estas empresas parten de la idea de que la inserción social es muy dificil sin un trabajo. Y con las actuales cifras de paro encontrar un empleo es doblemente arduo para personas que' acarrean antecendentes penales, alcoholismo, toxicomanías, paros de larga duración y cargas familiares no compartidas.Entre las empresas de inserción madrileñas las hay de jardinería, recogida y reciclaje de muebles, limpiezas, carpintería, una fotocopistería... Una decena de ellas, nacidas en el último lustro con el Ingreso Madrileño de Integración (IMI), forman la Asociación Madrileña de Empresas de Inserción (AMEI). Otras proceden de Cáritas, Traperos de Emaús o la Fundación Tomillo.

Luis María López Aranguren, presidente de AMEI, es consciente de que estas pequeñas iniciativas no resuelven el problema del paro "pero sirven para mover los fondos de marginación". "`La mayoría de estas empresas intentan trabajar para la Administración, por eso las propias instituciones pueden apoyar", añade.

Evitar morosidades

AMEI reclama al Gobierno estatal una legislación que reconozca a estas empresas jurídicamente y al Gobierno regional una serie de medidas de apoyo, entre ellas evitar la morosidad en los pagos. También solicitan reducciones o exenciones de la cuota patronal a la Seguridad Social, subvenciones directas por puesto de trabajo, rebaja de las cargas fiscales o facilidades para acceder a créditos.

"`En los concursos de adjudicación se podía tener en cuenta el empleo de grupos margina dos como una de las características que hacen puntuar a unos licitantes sobre otros", añade López Aranguren.

Altea SL, dedicada a limpiezas, es una de las empresas de inserción nacidas con el IMI. Sus integrantes, siete mujeres con cargas familiares no compartidas, todavía creen que su día a día es como un milagro. El proyecto nació hace un lustro a partir de una subvención de la Comunidad al Centro de Animación Sociocultural de Madrid (CASM), dedicado desde hace más de una década al trabajo social con mujeres.

De las 60 mujeres que hicieron los cursos, 20 pasaron a las prácticas y nueve se embarcaron en el proyecto de abrir una pequeña empresa de limpieza. La iniciativa hizo aguas al abandonar el barco parte de sus promotoras, que pensaban que ser pequeñas empresarias era algo menos azaroso.

Pero dos de ellas siguieron empeñadas en el proyecto y alguna más también, aunque como empleadas. Así que la compañía reapareció en 1994.

Sus siete integrantes trabajan todos los días media jornada. "Eso sí, todas tenemos contrato y Seguridad Social". Limpian comunidades de propietarios, un geriátrico de la Comunidad y otros tres centros de asociaciones que trabajan con indigentes y discapacitados.

"Es difícil competir, lo intentamos ajustando precios y ofreciendo servicios como las limpiezas puntuales de baños y cocinas", explica Isabel Pérez, una de las veteranas que, al separarse de su marido, recaló en la asistencia social.

"`Me hablaron del IMI y yo les dije 'necesito un trabajo, si me ayudáis a conseguirlo a mí no me hace falta ese dinero', asíque me informaron de los cursos de limpieza", añade Pérez. "Con esto sacamos para ir tirando, pero estamos ilusionadas en seguir", concluye.

Adelaida Diez, gerente de Altea, se plantea: "Mucha gente: que cobra el IMI lo que quiere: es un trabajo, entonces, ¿por qué las instituciones no nos dan ese dinero a empresas sin ánimo de lucro para que les contratemos?"

Andrés Aganzo, responsable de empleo y economía social de Cáritas española, explica que las empresas de inserción pretenden ir más allá que los talleres ocupacionales al ofrecer, además de formación, una actividad remunerada.

A nivel estatal hay 150 empresas de inserción en Valencia, Cataluña, Euskadi y Madrid. En Francia funcionan 600.