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Cruzada de la izquierda francesa contra los excesos de la judicatura

Enric González

La izquierda , París francesa ha iniciado una cruzada contra los excesos de los jueces. El Partido Socialista (PS) "no se opone a la justicia, sino que la reclama", afirmó su primer secretario, Lionel Jospin, al presentar una campaña de recogida de firmas en favor de su antiguo tesorero, Henri Emmanuelli, recientemente condenado por financiación ilegal. "Algunos jueces se burlan de las leyes de la República y del sufragio universal", dijo a su vez JeanPierre Chevènement, ex ministro de Defensa y líder del Movimiento de los Radicales de Izquierda (MRI), refiriéndose a la prisión preventiva de un dirigente de su partido.Los abusos y la corrupción político-financiera de los años ochenta confirieron un inusual protagonismo a los Jueces franceses. Para el conjunto de la clase política, ese protagonismo está llegando ahora demasiado lejos. La izquierda, en la oposición, se queja de que a igualdad de delito la justicia es muy severa con sus dirigentes y, en cambio, muy tolerante con la derecha en el poder.

El caso Emmanuelli ha enfurecido al PS. El pasado 13 de marzo, Emanuelli fue condenado por un tribunal de apelación a 18 meses' de prisión en suspenso, 30.000 francos de multa y dos años sin derechos cívicos, por la financiación irregular del PS en los años (1987-1989) en que el ex primer secretario había ejercido el cargo de tesorero del partido. La condena está recurrida ante el Tribunal de Casación y, por tanto, suspendida.Donaciones y facturas falsas

Durante los años ochenta, todos los partidos' franceses se financiaron mediante facturas falsas y donaciones de empresas a cambio de contratos públicos. Los sumarios por financiación irregular de la Reagrupación para la República (RPR), el movimiento gaullista de Jacques Chirac, afectan directamente al actual primer ministro, Alain Juppé, y al actual ministro de Justicia, Jacques Toubon. Esos sumarios permanecen encallados en la fase de instrucción. Para denunciar la, actuación presuntamente sesgada de la judicatura, el PS ha emprendido una campaña con el objetivo de recoger un millón de Armas.

Otro choque entre políticos y judicatura es el que afecta a Christian Proust, presidente del Consejo General del Territorio de Belfort (este de Francia). Proust había llegado a un acuerdo con Bisser Dimitrov, un empresario de origen búlgaro afincado en EE UU, para que éste creara una empresa de informática en la ciudad de Besançon. En cuanto sé inauguró la empresa Gigastorage, se descubrieron irregularidades en su financiación. Proust fue procesado por estafa y encarcelado preventivamente.

Jean-Pierre Chevénement, líder del MRI, partido de Proust, denunció que el presidente regional había sido arrojado a una mazmorra por haber intentado crear puestos de trabajo".

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