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NUEVO MAPA POLÍTICO

La negociación con CiU levanta recelos entre los aliados regionalistas del Partido Popular

Luis R. Aizpeolea

Lo uno por lo otro. La apertura de negociaciones del PP con CiU para formar Gobierno está teniendo como contrapartida los recelos de los dos principales partidos regionalistas, Unión Valenciana (UV) y Partido Aragonés (Par). Ambos partidos, aliados de los populares en los gobiernos y numerosos municipios de las comunidades aragonesa y valenciana han lanzado una primera advertencia a José María Aznar.Vicente González Lizondo, presidente de las Cortes Valencianas y fundador de UV, se ha mostrado muy tajante y ha amenazado a Aznar con romper sus pactos de gobierno y municipales si el candidato a presidir el Ejecutivo central pacta con CiU. "Unión Valenciana tiene que salirse del pacto si el PP pacta con CiU, de forma tajante e inmediata", ha manifestado González Lizondo. Si se consumara esta advertencia del fundador de UV, se abriría una crisis en la Generalitat valenciana que preside Eduardo Zaplana (PP).

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En el caso del Par, un sector minoritario del partido -cuyo portavoz es el diputado regional Manuel Escolá- ha puesto en cuestión el acuerdo electoral de su partido con el PP. Escolá considera que el pacto electoral PP-Par ha supuesto un bajón de 25.000 votos.

Anticatalanismo

El descontento de los regionalistas es la otra cara de la moneda de la obligada negociación de Aznar con el nacionalismo catalán. Las buenas relaciones de los regionalistas valencianos y aragoneses con el Partido Popular tenían un componente de anticatalanismo que el giro al que se ve obligado a dar el partido de Aznar tras los resultados electorales pone en cuestión.

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Esa buena relación llegó al extremo de que el Par ha renunciado en estas elecciones a presentar listas propias, a cambio de situar en segunda posición en Zaragoza a un candidato de su partido, Antonio J. Serrano.

El eje principal del compromiso del Par con el PP en el Gobierno de Aragón pasa por la reforma del Estatuto de autonomía, que supone prácticamente su igualación con los de Cataluña y País Vasco, incluido el concierto económico, del que sólo esta comunidad y Navarra disfrutan por mandato constitucional.

La reforma fue tomada en consideración por el Congreso poco antes de disolverse las Cortes y tendrá que debatirse, previsiblemente, al comienzo de la nueva legislatura.

La negociación del PP con CiU va a forzar al Par a poner alto el listón de una reforma estatutaria por la que difícilmente podrá pasar el PP. Los dirigentes del PP advirtieron antes de las elecciones que no podrían conceder el concierto económico.

Los populares se encuentran ante el problema de poder perder sus viejos aliados regionalistas en nombre de la gobernabilidad del Estado. Para colmo, los regionalistas aragoneses mantienen una política de trasvases hidráulicos hostil a Cataluña.

En el caso del regionalismo valenciano, sus recelos están vinculados a la extensión del uso de la lengua catalana, de cuya hostilidad ha hecho Unión Valenciana uno de los ejes de movilización política. Cualquier acuerdo del PP con CiU sobre la potenciación del catalán puede abrir una crisis de los populares con sus aliados valencianistas.

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