El Gobierno aprueba inversiones de 95.000 millones en carreteras y obras públicas

El Consejo de Ministros aprobó ayer cinco obras de carreteras, once actuaciones hidráulicas y seis relacionadas con la depuración de obras residuales, que supondrán unas inversiones globales de 95.000 millones de pesetas. En su última reunión antes de las elecciones generales, el Gobierno dio el visto bueno al tramo La-madrid-Unquera de la autovía del Cantábrico, en la comunidad de Cantabria, presupuestado en 16.829 millones, así como al enlace de Lepe-Puente Internacional, de la autovía Sevilla-Huelva-Ayamonte, por 6.567.La variante de Altafulla y Torredembarra, en la provincia de Tarragona, que costará 3.967 millones, y las mejoras que se llevarán a cabo en la intersección de la N-340 con la C-3326, en Almería, con un coste de 2.651 millones, son otras de las actuaciones autorizadas por el Consejo de Ministros. Igualmente aprobó la concesión administrativa para construir el tramo Málaga-Estepona de la Autopista de la Costa del Sol, cuyo presupuesto no está cerrado pero que, según fuentes del Ministerio de Obras Públicas, superará los 6.000 millones. En total, las actuaciones en carreteras superarán los 36.000 millones, las hidráulicas los 35.758 y la depuración de aguas 23.568 millones de pesetas.

El Gobierno aprobó también un real decreto que prevé la posibilidad de constituir Juntas de Contratación en todos los ministerios y organismos autónomos para dotar de mayor objetividad, transparencia y economía a algunos tipos de contratos entre las empresas y la Administración.

Otro real decreto modifica la estructura orgánica de la Intervención General de la Administración del Estado, para definir y facilitar el desarrollo de las funciones establecidas en la norma sobre régimen de control interno, aprobada en diciembre pasado. La norma establece la creación de la Oficina Nacional de Auditoría, una unidad destinada al seguimiento e impulso de las actuaciones de exigencia de responsabilidad, y dos subdirecciones generales dedicadas al control de los fondos comunitarios y al análisis y cuentas económicas del sector público.

El Gobierno ha aprobado asimismo un real decreto que regula la organización y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, en el que deberán registrarse todas las pensiones públicas, así como otras prestaciones sociales de carácter económico y pago periódico, como subsidios, asignaciones por hijo a cargo..., que sean abonadas por la Administración estatal, autonómica o local, o por las Mutualidades, Montepíos y Entidades de Previsión Social que se financien con recursos públicos. También entra en vigor la tarjeta inteligente de la Seguridad Social, que se extenderá a todos los españoles en dos años, y la asignación a cada empresario de un número único de inscripción en el sistema público.