Godó declara que nunca ordenó 'pinchazos' telefónicos
El editor de La Vanguardia, Javier Godó, negó ayer ante el tribunal haber ordenado o conocido siquiera los pinchazos atribuídos a su equipo de seguridad. Godó admitió que encomendó a El Lobo seguir a directivos de su empresa, pero lo hizo, dijo, con la instrucción implícita de que se ajustaran a la legalidad.Godó rechazó de plano que -encargase en 1990 vigilar a Manuel Martín Ferrand, director de Anterna 3 en aquella época, personado en la causa como acusación. Ruiz admitió ayer que pidió informes sobre el mismo a una persona no identificada de Madrid. Respecto al sistema de grabación que compró en EE UU para su equipo de seguridad, el editor lo calificó de "regalo sin finalidad concreta".
A preguntas del fiscal, Godó explicó que en 1991 se entrevistó con el entonces vicepresidente, Narcís Serra, la ministra Rosa Conde y el director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, para explicarles un acuerdo entre Banesto y La Vanguardia que no llegó a cuajar. Fue en aquella ocasión cuando Manglano le recomendó al coronel Rodríguez, quien en 1992 se incorporó al diario, donde trabajaba desde hacía dos años Miguel Ruiz.
El interrogatorio al editor se centró en el nuevo contrato con el grupo del Lobo que se firmó tras la incorporación del coronel, que empezó a cobrar a través de una empresa fantasma denominada Aquarius Internacional, que supuestamente debía elaborar un banco de datos sobre personalidades italianas. Godó dijo ayer que nunca encargó dicho trabajo, pero que tampoco se le informó del cambio de contrato, pues se trataba de una pura formalidad administrativa.
La secretaria de Godó, Gemma Guillén, negó igualmente estar al corriente de este cambio o de que el representante de Aquarius en España fuese en realidad Ruiz, bajo una segunda identidad falsa, pese a que era la encargada de visar los pagos. El fiscal considera que estos hechos constituyen un delito de falsificación de documento mercantil por el que pide cinco años de cárcel, una pena muy superior a la que solicita por escuchas ilegales.
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