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En prisión el policía que mató a un fugitivo

Vicente G. Olaya

La vida está llena de casuafidades. Pablo Vicho, de 24 años, salió el lunes de la prisión de Carabanchel tras cumplir una condena de 10 meses por robo. Antes de salir dijo a sus companeros que iba a disfrutar de su libertad. "Esta noche arderá Madrid", comentó. Ayer, Javier Díaz Aparicio, de 36 años, el agente municipal que lo mató el martes de un tiro en la cabeza, entró en la misma cárcel.Díaz Aparicio disparó a Vicho cuando estaba atrapado en un atasco en la N-II, dentro de un coche robado. El agente disparó porque creyó que Vicho iba a matarlo: el ladrón efectuó un movimiento brusco. Pero Vicho estaba desarinado. Culminaba,así una persecución que había comenzado en la M-30. (Véase EL PAíS de ayer). Vicho intentó atropellar a Díaz cuando le dio el alto en la autovía de circunvalación porque el fugitivo conducía de forma temeraria. La juez ordenó el encarcelamiento del agente por homicidio.

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La juez encarceló al agente por la alarma social que provoco su acción desproporcionada

VIENE DE LA PÁGINA 1 Vicho, la noche anterior a su salida de la cárcel, estaba eufórico, según indicáron fuentes de la prisión de Carabanchel a la agencia Efe. El lunes, ya en libertad, se apropió en el distrito de Chamartín de un vehículo al que'hizo el puente. El martes, por la mañana fue visto por un policía municipal conduciendo a, excesiva velocidad y ejecutan do maniobras temerarias por la M-30, acciones que pusieron en peligro al resto de los conductores, según la policía local. La juez encargada del caso, María Luisa Lázaro, del Juzga do de Instrucción número 44, considera los hechos como constitutivos de un posible delito de homicidio. Cree que se ha producido alarma social por una actuación,desproporcionada del agente a la hora de utilizar su arma reglamentaria, in dica Efe. .Angel Gil, abogado del policíá, manifestó ayer que tecurrirá el auto de prisión porque la muerte, de Vicho "no ha provocado alarma social". "La calificación jurídica que debe darse al asunto es el de un delito de imprudencia temeraria con el resultado de muerte", argumentó el letrado. Gil pedirá la libertad provisional de Díaz Aa4ricio.

Juicios de valor

Fuentes de la Policial Municipal insistieron ayer en que "es necesario esperar antes de hacer un juicio de valor". De todas formas, se ha puesto de relieve la dificultad que supone combinar la eficacia policial con la precaución que exige la opinión pública en las acciones policiales", dijeron. Teodoro Mota, presidente de la Asociación Contra la Tortura, afirmó ayer que su organización se personará como acusación particular contra el policía. "En principio parece un tema claro de imprudencia temeraria con resultado de muerte", cree este abogado. Mota recuerda que la asociación que preside lucha contra "la erradicación de este tipo de actuaciones policiales desmedidas".

Por su parte, Antonio Velasco, de la, sección sindical de UGT en la Policía Municipal, declaró. ayer que el sindicato Y los agentes municipales se sienten solidarios con Javier Díaz. "El abogado de UGT [Díaz está afiliado" a este sindicato] recurrirá la prisión contra el detenido", explicó.

Vicho será enterrado hoy en el cementerio de Fuenlabrada (165.000 habitantes), donde reside su familia. Su cuerpo fue trasladado en la tarde de ayer desde el Instituto Anatómico Forense, en Madrid, donde se le efectuó la autopsia, hasta el tanatorio municipal de Leganés (17 8.000. habitantes), dado que no existe este tipo de instalaciones mortuorias en Fuenlabrada. . Allí le esperabán su madre y algunos familiares. El ambiente era tenso. Una tía de Pablo Vicho manifestó: "A pesar de la imagen' que la policía está dando de Pablo, para nosotros era un chico maravilloso. Créame lo que le digo".

Otro familiar -añadió: "Le querían matar y le han matado. Eso es todo lo que pasó". Mientras tanto, un anciano se paseaba cabizbajo por el vestíbulo del tanatório. Sólo musitaba de forma reiterada: "No hay derecho, no hay derecho", informa Ana Roldán.

El fallecido tenía 16 antecedentes por robo, hurto, sustracción de vehículos y tráfico de pastillas de éxtasis. Estaba clamado por el Juzgado número 1 de Móstoles (199.150 habitantes) y el 26 de Instrucción de Madrid. Si n embargo, sólo había sido condendado a un año de prisión por un robo que cometió hace tres años, y por el, impago de unas multas, a 16 días de encarceflamiento.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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