Peloteo y gol

EL PELOTEO que se traen el Consejo Superior de Deportes y la Liga Profesional de Fútbol es ligeramente ridículo, pero resulta inevitable si se quiere impedir lo peor. Y lo peor sería dejar las cosas como están: con el Celta y el Sevilla expulsados de la competición y sin que nadie responda de los daños y perjuicios a terceros que derivarían de esa situación. El peloteo es inevitable porque la decisión la tomó la Liga y sólo ella puede rectificarla. Pero para hacerlo con cierta dignidad hacía falta la mediación de alguna instancia exterior pero concernida. Ese papel lo ha asumido el Consejo al riesgo de ser tachado bien de Pilatos, bien de entrometido.La decisión que adoptaron la semana pasada los comités deportivo y de finanzas de la Liga Profesional fue respetuosa con las normas que los propios clubes se habían dado a sí mismos. Pero esa norma es descabellada. No porque no quepa establecer condiciones, incluso muy duras, para la admisión en la Liga, sino porque se trata de una normativa que, al no admitir gradación, resulta absurdamente arbitraria: la misma sanción merece el club que no haya pagado a los jugadores en un año que el que no presente determinado papel. Y en ambos casos la sanción será la máxima que puede aplicarse a un equipo de fútbol, si descontamos la de su desaparición. El descenso de Primera a Segunda División B es el equivalente futbolístico de una condena a 20 años según las pautas del Código Penal. Y por un delito que, a la vista de las cifras que se barajan en el mundo del fútbol, podría equipararse al de robar un álbum con cromos de futbolistas.

Además, los autores de la norma no previeron los mecanismos para hacer frente a los efectos derivados de su aplicación. Es evidente que un gran equipo condenado a jugar en Segunda B no podría pagar los millonarios contratos de sus jugadores. ¿Quién respondería, con qué dinero, de sus reclamaciones laborales? También se verían afectados los intereses de empresas publicitarias, de televisión y hasta los de los vendedores de bufandas. Sin contar el efecto psicológico sobre miles de aficionados, en absoluto responsables de la desidia o mala fe de sus directivos.

Este aspecto de la cuestión, los derechos morales de los aficionados, ha sido el más glosado estos días, sobre todo en Vigo y Sevilla. Pero no puede dejar de recordarse que algunos de los directivos que más poesía hacen con la comunión entre equipo y afición, entidad y ciudad, dicen en otras ocasiones que el equipo es suyo, porque para eso lo han comprado, y pueden hacer con él lo que les da la gana. Por eso, una reforma de las normas actuales debería contemplar la posibilidad de que la sanción por incumplimientos recaiga en los directivos venales o incompetentes, y no en los clubes.

Pero lo urgente ahora es encontrar algún apano que evite lo peor. Dado que Valladolid y Albacete han adquirido legalmente su derecho a jugar en Primera, la única solución imaginable pasa en cualquier caso por aumentar este año a 22 el número de equipos de esa división. Ello perjudica a los demás equipos, especialmente a los que participan en competiciones europeas. De ahí que se les intente compensar con el compromiso de reducir el cupo de Primera a 18 equipos en el plazo de dos años: una vieja reivindicación de esos clubes que aspiran, como mínimo, a clasificarse para la UEFA. ¿Y qué directivo de un equipo de Primera se atrevería a admitir que no aspira a jugar en Europa el año próximo?