Rubalcaba: "Nos gustaría que las sanciones fueran para las directivas y no para las aficiones"

El caso del Sevilla y el Celta alcanzó ayer al Consejero de Ministros. Durante la reunión el Gabinete, el ministro de Educación, Jerónimo Saavedra, leyó un informe de la situación creada aunque no emitió juicio de valor alguno, dado que es propósito del Ejecutivo no inmiscuirse, en esta cuestión ni darse por aludido en las presiones que pueda recibir. entretanto, los expertos jurídicos del Consejo Superior de Deportes (CSD) manifestaron su voluntad de adoptar una decisión "no más tarde del martes". La discusión se centra ahora en si hay base legal para admitir los recursos del Sevilla y el Celta.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, hubo de contestar a una pregunta de un periodista sobre el caso: "Las sanciones deben ser para quienes, incumplen la legalidad vigente", dijo, para añadir que el Gobierno considera que son las directivas y no las aficiones del Celta y del Sevilla quienes deben ser destinatarias de las sanciones.El Gobierno, estima que el problema es de ámbito deportivo y es en el mismo ámbito donde debe resolverse. Con ello quería decir que el Gabinete no iba a intervenir directamente en el asunto ya que. los órganos que deben decidir son parte de la Administración. El titular de Presidencia, no obstante, aseguró que el Consejo Superior de Deportes (CSI» resolverá, "con la mayor. celeridad posible" e insistió que el único criterio a seguir es el de cumplir "la legalidad vigente".

Y en el CSD se centró el trabajo de los juristas, cuyo calendario trata de ajustarse a la necesidad de dar una respuesta no más tarde del martes. Tanto el secretario de Estado para el Deporte, Rafael Cortés Elvira, como su director general, Alfonso Arroyo, estaban ayer fuera de Madrid. La coordinación del grupo de expertos está al mando de Gonzalo Fernández, subdirector de infraestructuras.

La situación queda a la espera de una decisión, pero entre tanto se divulgan diferentes opiniones respecto a los aspectos legales del caso. Amparo Rubiales, delegada del Gobierno en Andalucía, manifestó estar convencida de que existe una "base legal suficiente" para evitar que el Sevilla descienda, al tiempo que abogó por una dimisión "cuanto antes" de, la junta directiva del club andaluz. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla, manifestó que aunque la Liga sea una entidad privada, sus decisiones tienen que tener una Conexión con las leyes que regulan el funcionamiento de la Administración porque hay una tutela pública de las organizaciones deportivas".

En opinión de este experto, tanto el Sevilla como el Celta tienen un derecho adquirido a jugar en Primera División, mientras que el Valladolid y el Albacete tienen una expectativa de derecho. Y no se les puede desposeer de ese derecho sin aplicar la ley de procedimiento administrativo a la hora de subsanar cualquier falta de requisito, ley que marca un plazo de diez días hábiles.. "La Liga podía haber interpretado esa ley y haber establecido, incluso, un plazo de cinco días para esa reparación, porque tanto el Sevilla como el Celta manifestaron su voluntad de ejercer ese derecho y de inscribirse en la Primera Divisióri aunque lo hicieron de forma incompleta".

Asesores jurídicos de clubes consultados por este periódico señalaron que debe respetarse la voluntad soberana de la Liga Profesional por ser una organización privada cuya competencia es organizar los campeonatos de Primera y Segunda División. "Hay que tener en cuenta", dijo un portavoz de la Liga "que la decisión está respaldada por la firma de 12 de los 13 asistentes a la reunión de los comités deportivo y de finanzas". Sólo se abstuvo el presidente del Valladolid por ser parte interesada. Firmaron a favor del descenso del Sevilla y el Celta, los representantes del Barcelona, Zaragoza, Athletic, Real Sociedad, Mallorca, Osasuna, Villarreal, Toledo, Atlético de Madrid, Tenerife, Extremadura y Valencia.