La Fiscalía del Constitucional se opone a la puesta en libertad del ex gerente de PSV

La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha mostrado su oposición a que Carlos Sotos, ex gerente de la cooperativa de viviendas PSV, quede en libertad como solicitan sus abogados defensores en el recurso de amparo presentado ante el alto tribunal. Tanto el juez instructor de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, como la propia Audiencia Nacional, han confirmado en varias ocasiones la prisión incondicional para el que fue el máximo responsable de la cooperativa de viviendas, vinculada al sindicato UGT cuya insolvencia ha provocado importantes retrasos -y encarecimiento- en la construcción de las casas.El Constitucional admitió a trámite, el pasado día 9, el recurso de amparo de los abogados de Sotos en el que se solicitaba la libertad de su defendido hasta que se resolviera el fondo del asunto: la posible inconstitucionalidad de su ingreso en prisión. La Fiscalía ha emitido un dictamen en el que "no estima procedente" que se suspendan las medidas de prisión, al tiempo que se señala que ello no supone en absoluto entrar en el fondo del asunto solicitado en el recurso.El abogado de Sotos, Miguel Bajo, reconoció ayer que el informe de los fiscales "no favorece" a su defendido al tiempo que dijo estar "sorprendido" por esta decisión, informa Efe. La Asociación de Futuros Vecinos de Valdebernardo, la mayor promoción de ,PSV, presentó la pasada semana en un juzgado más de 8.000 firmas de socios y afectados de PSIJ pata exigir que Sotos siga en prisión. Sotos, único de los inculpados en el caso PSV en esa situación, ingresó en la cárcel de Carabanchel el 29 de junio de 1994, acusado de apropiación indebida y estafa en relación con la quiebra de la cooperativa.

La devolución de las cantidades pactadas con los socios dados de. baja de IGS y PSV, en torno a 3.500 personas, no se producirá hasta mediados o finales de junio, debido a retrasos de "organización" provocados por. la complejidad del proceso, según fuentes de la cooperativa.Valeriano Gómez, administrador único de la cooperativa, dijo hace meses que las devoluciones se iniciarían a finales de abril, fecha que posteriormente se atrasó hasta finales de mayo. El reintegro de las cantidades aportadas por los cooperativistas dados de baja, quienes lo solicitaron expresamente o no ratificaron los acuerdos de separación' en sus respectivas promociones, se hará una vez que "se concilien" las cuentas, algo que empezará a hacese en los próximos días. Posteriormente, el Instituto de Crédito Oficial adquirirá el 75% de las aportaciones para su devolución por un importe total de 6.000 millones de pesetas.

Fuentes de la cooperativa destacaron que, aunque se ha producido un retraso en el inicio de las devoluciones, los plazos previstos para el resto del proceso "se están cumpliendo".