PSOE e IU rechazan la pretensión de la derecha de legalizar donaciones empresariales a los partidos

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-1C) forman un bloque frente al Partido Popular (PP), Convergéncia iUnió (GU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV) respecto a cómo entiende cada cual la financiación de los partidos políticos. La izquierda se opone a la participación de empresas en la ayuda a los partidos, entanto que la derecha y los nacionalistas defienden estas aportaciones. El argumento del PSOE- para oponerse se basa en que los ciudadanos interpretarían que, si se da dinero a un partido, es a cambio de algo.

Por otra parte todas las formaciones políticas se oponen a la propuesta del PSOE de que una ley de partidos les obligue a regirse internamente por principios democráticos y respeten escrupulosamente los derechos de los militantes.El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y, en nombre del PSOE, Txiki Benegas, secretario de Relaciones Políticas e Institucionales, han empezado ya los contactos con los representantes de los partidos para acordar antes del verano un texto base para la llamada Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Entretanto, los miembros de la comisión de financiación creada en el Congreso de los Diputados esperan las instrucciones de las direcciones de sus partidos para cumplir el mandato del Congreso de elaborar una nueva ley.

Fernando Gimeno, por el PSOE, y Jaime Ignacio del Burgo, por el Partido Popular, trabajan en las conclusiones que cada cual aportará de lo ocurrido en esa comisión nacida para investigar los casos Filesa (PSOE) y Naseiro (PP).

La aportación o no de empresas a los partidos políticos es el elemento que por ahora divide a las fuerzas políticas. Mientras que el PP, CiU y PNV defienden la financiación empresarial, los socialistas e Izquierda Unida-IC se oponen. El PSOE está convencido de que los ciudadanos rechazarían la entrega de dinero a los partidos por las empresas con el argumento de que no sería de manera altruista, sino a la espera de alguna compensación.

Por la cultura política de este país, tampoco ninguna empresa querría aparecer como donante de un partido, según impresión de los socialistas.

A cambio de prohibir la aportación de las empresas, los socialistas sí están dispuestos a aumentar los límites actuales de las donaciones privadas, así como a instaurar la desgravación fiscal, Con un tope, de esas aportaciones.

En la ley actual de financiación de partidos de 1987 se autorizan aportaciones máximas de 10 millones de pesetas para un partido durante un ejercicio económico. La otra posibilidad de financiación se encuadra en la Ley General Electoral, que regula las donaciones específicas para cada campaña. Para estos casos la limitación es de un millón de pesetas para cada partido.

En lo que no hay acuerdo por parte de nadie es en seguir al PSOE en su afán de que la nueva ley incluya una parte de funcionamiento interno de los partidos. En principio, todos se han mostrado remisos a que una ley les diga cómo deben actuar en su propia casa.

Una regulación de este tipo tiene como principio teórico, como señala la Constitución, el respeto a la democracia interna. Ello abriría a los militantes la vía de denuciar ante los tribunales de justicia a sus direcciones políticas si no respetan sus derechos.