El Supremo confirma la condena de un consejero cántabro por malversación

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Cantabria (TSJC) por la que el consejero regional de Economía y Hacienda, Manuel Pérez García, fue condenado a dos años de suspensión de cargo público, a pagar una multa de 25 millones de pesetas y a hacer frente a las costas del juicio. El alto tribunal le considera culpable de un delito continuado de malversación de fondos públicos por haber retenido recursos del Estado destinado a varios ayuntamientos de esta comunidad, cuyos responsables denunciaron el hecho. Al obrar así, Pérez García creyó defender mejor los inter eses de la Diputación, a la que los municipios debían entonces unos 4.000 millones de pesetas.El consejero, de 61 años, profesor de EGB jubilado, que tiene en su poder el fallo del Supremo y cuya dimisión inmediata reclaman todas las fuerzas políticas de la región excepto su partido, la UPCA, declaró ayer que no tomará hasta después de serle oficialmente comunicado el veredicto "la decisión que considere más ajustada" a sus intereses. Esto es, lo mismo puede renunciar a su cargo que plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, permanecerá al frente de la Consejería de Economía y de la de Agricultura, Ganadería y Pesca, que Juan Hormaechea le encomendó en su día al plantear una remodelación del Ejecutivo. Pérez manifestó asimismo que desconocía lo que el presidente en funciones opina sobre la última sentencia, ya que sólo ha tenido con él "una conversación rudimentaria", en expresión literal del consejero.

Pérez García había sido condenado en la primavera de 1994 por el TSJC a las penas confirmadas ahora por el Supremo. Días después, la Asamblea de la comunidad, con los votos socialistas, populares y regionalistas, reprobaba su conducta política y solicitaba su cese inmediato. Sin embargo, el consejero condenado optó por un recurso de casación ante el Supremo por considerarlo "un deber" para con su familia, su partido y su Gobierno.

Pérez declaró ayer que nadie podrá acusarle de corrupto ni de haberse llevado una peseta de los fondos públicos. La sentencia le parece "altamente desproporcionada y absolutamente injusta".