El intento del fiscal general de apartar al juez Garzón reaviva la polémica sobre el 'caso Laos'

El intento del fiscal general del Estado de apartar al juez Baltasar Garzón de la investigación de los falsos documentos de Laos ha reavivado la polémica sobre las circunstancias del regreso a España de Luis Roldán. Mientras algunas asociaciones de fiscales y jueces creen ver una intencionalidad política, otras avalan el carácter técnico de la intervención de Carlos Granados. El ex director general de la Guardia Civil declaró el pasado jueves a Garzón que los casi 2.000 millones de pesetas que tenía en cuentas suizas eran fondos reservados y que los devolvió a Interior.

El coordinador de asuntos jurídicos del Partido Popular, Federico Trillo, declaró ayer que quiere ser prudente sobre la cuestión de fondo y no interferir en la decisión sobre el juez competente para investigar la falsificación de los documentos de Laos. "Pero si los dos juzgados están de acuerdo en que uno de ellos es el competente y los fiscales también, sólo un conocimiento superior de los hechos puede haber llevado a intervenir al fiscal general".Trillo pide en consecuencia a Carlos Granados, "precisamente porque hasta ahora ha actuado de acuerdo con el estatuto fiscal, que aclare cómo sabe que la falsificación no se hizo en el extranjero y que se intentó utilizarla en España", argumentos que avalarían la no competencia de la Audiencia Nacional en beneficio de un juzgado ordinario.

El dirigente del PP añadió que "si el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, hubiera aclarado en el Parlamento todo lo que sabe, puesto que él es el otro firmante de los documentos falsos, hoy no estarían preocupados algunos sobre en qué foro deberá testimoniar".

La actuación de Granados ha sido recibida con división de opiniones en el otro gran partido de la oposición. Mientras el coordinador general de IU, Julio Anguita, declaró en Cádiz que se trata de un "debate jurídico" y que no aprecia motivación política en su demanda a la fiscalía de la Audiencia Nacional para que inste la inhibición de Garzón, el diputado de la misma formación Antonio Romero criticó la decisión del fiscal general.

Según Romero, Granados debía haber consultado con la junta de fiscales. "Sería gravísimo", agregó, "que el Gobierno, en su lucha contra el trabajo de Garzón, llegara a anular lo que le toca en reparto" al juez.

La diputada de Esquerra Republicana de Catalunya, Pilar Rahola, anunció que va a pedir la comparecencia de Belloch en sesión secreta ante la comisión de Justicia e Interior del Congreso para que explique "el casó Paesa y todo" lo que el ministro se niega a comentar en público.

Rahola, que espera contar con el apoyo de los dos grandes partidos de la oposición, señaló que la negativa a comparecer en secreto significaría "que no estamos ante secretos de Estado, sino ante la voluntad deliberada de esconder información".

Las asociaciones de jueces y fiscales también se han pronunciado. Antonio Gisbert, portavoz de la Unión Progresista deFiscales, dijo que "no sabe" si ha actuado presionado por el Gobiemo.

Juan Ortiz, presidente,de la Asociación de Fiscales, defendió la independencia de Granados, negó que esté tratando de arrebatar el caso Laos a Garzón y se mostró inquieto por el hecho de que un mismo juez lleve todos los casos".

También los jueces se manifestaron. La asociación Francisco de Vitoria dijo a través de su portavoz, José María Vázquez Honrubia, que no duda de la independencia del fiscal general. El coordinador en Euskadi de Jueces para la Democracia, Manuel Díaz de Rábago, se declaró sorprendido. "No me cuadra con la conducta que hasta ahora había mantenido" [Granados], señaló.

En su declaración ante Garzón, el pasado jueves, cuando compareció como imputado en la investigación sobre la falsíficación de los documentos de Laos, Roldán aseguró que en las cuentas 262 y 356 de CBI-TDD de Suiza tenía depositados "fondos reservados por importe de 18 millones y pico de francos suizos", más de 1.980 millones de pesetas al cambio actual.

Según Roldán, este hecho consta "en la documentación que obra en su poder" y el dinero fue "devuelto en enero de 1994 al Ministerio del Interior español".