El PSOE pide facilidades para pagar su deuda histórica de 10.000 millones con los bancos

El responsable de finanzas del PSOE, Francisco Fernández Marugán, pidió ayer facilidades para el pago de la deuda histórica de su partido, que supera los 10.000millones de pesetas. Marugán, que compareció en el Congreso junto a los tesoreros de las principales fuerzas políticas, admitió que cuando se aprobó la actual ley, en 1987, "no se abordó el problema de cómoliquidar la deuda acumulada" en la primera década de democracia, porque "se pensaba que no iba a pagarse nunca". Su propuesta fue calificada de "amnistía encubierta" por los portavoces del PP e IU.

Fernández Marugán admitió, ante la Comisión de Financiación de Partidos, que, los bancos han actuado "con prudencia" y no han exigido el pago de la deuda, pero hoy, dijo, la sociedad no admitiría "su anulación por decisión política"; por lo cual, "lo que hay que discutir es cómo se paga".El representante socialista pidió para los partidos "libertad de negociación" con las entidades financieras, que preferirán "cobrar aquello que el prestatario pueda pagar" a mantener indefinidamente una deuda viva pero impagada, de forma qué las cantidades condonadas no tengan a efectos legales la consideración de donaciones.

Los partidos, agregó, se comprometerían a destinar una parte importante de la subvención pública al pago de la deuda histórica; mientras que el plan de refinanciación pactado con los bancos sería público y tendría un periodo máximo de amortización fijado por ley.

El responsable de finanzas del PSC (Partir dels Socialistes de Catalunya), Joaquim Llach, fue más lejos y pidió "coraje político" para afrontar el problema de la deuda, "auténtica bola de nieve", sugiriendo que se autorice a los partidos la emisión de deuda, subordinada a futuras donaciones privadas, o se les concedan ayudas públicas , similares a las recibidas por empresas en crisis.

El tesorero del PP, Álvaro de la Puerta, se mostró de acuerdo en dar una "solución definitiva" a esta deuda, "que los bancos tienen en suspenso y al final se convierte en meros asientos contables". Sin embargo, el representante del Grupo Popular en la comisión, Jaime Ignacio del Burgo, rechazó cualquier planteamiento que suponga una "amnistía encubierta" e indicó que "hay que ser cuidadoso" para "no trasladar a la sociedad el resultado de una mala gestión".

Mariano Santiso, responsable de finanzas de Izquierda Unida, expresó su "preocupación" por la propuesta socialista, pues su coalición no tiene deuda histórica, después de haber vendido gran parte de su patrimonio y reducir al mínimo el personal contratado. "Que los demás paguen como nosotros", concluyó.

Todos los partidos se mostraron de acuerdo en mantener la subvención pública a los partidos y el representante del PSC propuso incluso aumentarla como mínimo en un 50%. También hubo consenso, con la excepción de IU, en la necesidad de aumentar progresivamente la financiación privada, asegurando su transparencia mediante la identificación de los donantes. Estas deducciones serían estimuladas por deducciones en la cuota del impuesto sobre la renta, con un límite máximo y un tratamiento similar al de las fundaciones.

Fernández Marugán propuso que no puedan hacer donaciones a los partidos las personas jurídicas, entre ellas las empresas, de lo que discrepó su compañero del PSC, alegando que "si las criminalizamos serán la antesala de futuras corrupciones". De la Lapuerta, del PP, indicó que deben seguir prohibidas las donaciones de empresas que contraten con las administraciones públicas.

Santiso pidió que sea la banca pública y no la privada la, que conceda los créditos a los partidos para evitar que, por razones ideológicas, se pueda discriminar en los préstamos a los partidos de izquierdas.

Ramón Camp, de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), pidió la "liberalización de las aportaciones privadas" que deberían reflejarse en un registro público. González de Txábarri, del PNV, calificó de "Estado ladrón" al español, por no haber devuelto el patrimonio confiscado a su partido por el franquismo, que valoró en 4.000 millones de pesetas.

Por la tarde, comparecieron los tesoreros de los partidos pequeños. Mientras Ángel Larrañaga, de Eusko Alkartasuna, dudó entre calificar "de suspensión de pagos o quiebra" la situación de su partido; Del Burgo aseguró que la Unión del Pueblo Navarro (UPN), integrada en el Grupo Popular, goza de superávit.