El juez Barbero pide el suplicatorio de Guerra

El juez del caso Filesa, Marino Barbero, remitió ayer tarde a la Sala Segunda del Tribunal, Supremo una propuesta de suplicatorio para poder proceder penalmente contra el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra por un presunto delito electoral del artículo 149 de la Ley de Régimen Electoral General. El juez también ha. propuesto al Tribunal Supremoque se le autorice perseguir al senador socialista Josep María Sala por un presunto delito de asociación ilícita. La Sala Segunda deberá decidir ahora si, como ha señalado el fiscal, Guerra no puede ser encausado por un delito previsto para un cargo que nunca ostentó -el de administrador general de unas elecciones- o si envía al Parlamento ambos suplicatorios. Su concesión necesita mayoría simple.

El artículo 149 de la ley electoral señala que los administradores generales y de las candidaturas de los partidos que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión menor -(seis meses y un día a seis años) y multa de 30.000 a 300.000 pesetas, Los tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y sus circunstancias, podrán imponer la pena en un grado inferior a la señalada anteriormente.Se trata de un delito especial de los llamados "de propia mano", que sólo puede ser atribuido a los administradores generales, cargo que, en las elecciones generales de 1989, ostentaba, por parte del PSOE, Ramón Moreda Luna. De ahí las dificultades que el ministerio fiscal apreció para atribuir al vicesecretario general del PSOE una coparticipación en dicho delito.

En otro escrito, Barbero propone la ampliación de la autorización para proceder contra el senador Josep Maria Sala por un delito de asociación ilícita relacionado con la creación del holding integrado por Malesa, Filesa y Time Export, para financiar las actividades electorales del PSOE. El Senado ya autorizó, en noviembre de 1993, que Sala fuera investigado como presunto autor de dos delitos de falsedad en documento mercantil y uno contra la Hacienda pública.

La propuesta de Barbero fue anunciada por el juez el pasado 17 de enero, a través de una simple providencia en la que pedía la opinión de todas las partes 11 antes de solicitar al Congreso el correspondiente suplicatorio" para proceder contra Alfonso Guerra". La resolución, por tanto, era ya conocida y su presentación ayer no causó la más mínima conmoción en el Supremo.

Barbero remitió ambos escritos a la Sala Segunda a última hora de la mañana. Los informes no fueron notificados ni al ministerio, fiscal ni a las demás partes, y ni siquiera los magistrados pudieron obtener copia de ellos. Ayer sólo los conocía el presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz-Vadillo, quien los guardó en la caja fuerte de su despacho.

La petición de Barbero comenzará a ser estudiada hoy por los tres magistrados que deben resolver sobre. ella. En primer lugar, decidirán si resuelven de plano la petición del juez Barbero o si dan traslado de la misma a la multitud de partes personadas, para alegaciones. En la anterior ocasión, cuando el juez Barbero pidió el suplicatorio del senador Josep Maria Sala, se dio traslado de la misma a todos los personados, después de que el instructor notificase únicamente la parte dispositiva de su escrito, lo que causó un fundado malestar entre todos los abogados.

La propuesta de Barbero tiene su origen en una petición del empresario huido José María Ruiz-Mateos, respaldada, por el Partido Popular, y a la. que han negado su apoyo el Ministerio Fiscal, el Servicio Jurídico del Estado y los defensores de los inculpados. La decisión sobre los suplicatorios está en manos del todavía presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz-Vadillo, y de los magistrados Luis Román Puerta y José Augusto, de Vega Ruiz.

Sin respaldo del fiscal

Según fuentes del alto tribunal, una propuesta de cursar un suplicatorio sin el respaldo del Ministerio Fiscal adolece de tal falta de consistencia que se dudaba que el juez Barbero se decidiese a cursarla, hasta el momento en que anunció que lo haría. Pese a tener dedicación exclusiva al caso, el juez lleva tres años y medio de instrucción en la fase de diligencias previas, y ha recibido no menos de siete llamadas de atención del Tribunal Supremo para que ponga fin a las diligencias. Hasta ahora, el nombre de Alfonso Guerra nunca había aparecido en las mismas y, según la defensa, el eventual delito podría estar prescrito debido en parte al tiempo que se ha dilatado la instrucción.

Si el Tribunal Supremo accede a su propuesta, el caso Filesa volverá a quedar paralizado nuevamente durante meses, ya que no se puede realizar ninguna actividad instructora hasta tanto las Cámaras se pronuncien sobre los suplicatorios.

El número dos del PSOE siguió ayer desde su despacho, en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid, las noticias sobre la decisión del juez Marino Barbero de pedir su suplicatorio. Debido a esta situación, el dirigente socialista no acudió a la sesión de control del Gobierno celebrada en el Congreso".