Prisiones se niega a desmantelar los sistemas de escucha en las cárceles y dice que "están apagados"

Dos jueces de Vigilancia Penitenciaria han instado a Instituciones Penitenciarias a clausurar los micrófonos y grabadoras instalados en los locutorios de las prisiones de Alcalá-Meco (Madrid), Salamanca y Brie va (Ávila), sugiriendo incluso "casos de intervención ilegítima" de comunicaciones, entre presos y abogados. Pero Prisiones se niega a desmantelar esos aparatos permanentes de grabación y a revelar dónde los tiene. Jueces y Administración están enzar zados en un pleito de competencias, en el que Instituciones Penitenciarias rechaza que los jueces puedan decidir sobre la existencia o no de sistemas de escuchas en las cárceles y alega que, aunque los micrófonos existen, "están apagados".

Todos los jueces de vigilancia de España han sido requeridos por la Asociación Libre, de Abogados (ALA) para que investiguen si en los centros bajo su jurisdicción existen aparatos de escucha permanente.Dos conflictos han surgido recientemente respecto a la existencia de aparatos de escuchas y grabación en Alcalá-Meco y Salamanca. El caso de la cárcel madrileña se arrastra desde el 10 de mayo de 1993, cuando el juez de Vigilancia Penitenciaria número 3; Francisco Racionero, ordenó la "clausura, levantamiento o inutilización"' de esos sistemas.

La anulación como prueba de la grabación de la conversación entre el abogado Txemi Gorostiza y el etarra Juan Ignacio de Juana Chaos había desencadenado esa medida, apoyada el 24 de junio por una sentencia del Tribunal Constitucional, que, en un cambio de actitud respecto a un fallo anterior, prohibía interferir. la comunicación entre terroristas y abogados, sin un mandamiento judicial previo y por escrito.

Pleito con los jueces

La Administración se enzarzó entonces en un largo pleito contra la orden de retirada de micrófonos, que ha sido confirmada por las distintas instancias judiciales. Ahora el asunto se encuentra en manos del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, -que decidirá si los jueces de vigilancia pueden ordenar la destrucción de los sistemas (le grabación, que Prisiones cree que ha instalado legalmente, en uso de una facultad que le compete, y utilizado legítimamente.

El juez Racionero tuvo que dar marcha atrás y ordenar, el 5 de enero, el "precintado provisional" de los aparatos de escucha pero no su inutilización, al menos hasta que decida el tribunal de conflictos. El viernes la Guardia Civil acudió a Alcalá-Meco para comprobar que los aparatos estaban desconectados y precintados, según fuentes penitenciarias.

Justo la semana pasada, el juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, José Luis Castro, ordenaba la clausura e inutilización de los micrófonos y grabadoras de la prisión de Salamanca, donde en un auto del viernes pasado el juez aseguraba que había descubierto 7 micrófonos: dos en los locutorios para las comunicaciones preso-abogado y cinco en las cabinas para hablar con los familiares.

Era un descubrimiento relativo, porque el 23 de junio de 1994 el director general de Instituciones Penitenciaria, David Beltrán, comunicó por carta al juez que de las cárceles bajo su supervisión había sistemas de escucha en Brieva, de la marca Nutrónica, y Salamanca. En este penal los micrófonos fueron instalados después de que un juzgado de Alcobendas (Madrid) ordenara intervenir las comunicaciones a un preso para investigar el secuestro de la joven madrileña Anabel Segura.

Instituciones Penitenciarias ya ha recurrido la orden del juez Castro y esperará a que se resuelva el conflicto jurisdiccional. De momento, alega que el hecho de que el sistema de grabación "pudiera ser susceptible de uso ilegal" no puede justificar su desmantelamiento y, añade, es mejor que estén instalados por si algún juez ordena intervenir una comunicación. Por lo pronto, prefiere no revelar en cuáles de las 80 prisiones españolas, con casi 50.000 reclusos, tiene montados sistemas de escucha y grabación permanente.

Los abogados de ALA sostienen que la mera instalación de los micrófonos, ordenada bajo el mandato de Antoni Asunción, es un acto arbitrario, fomenta las escuchas indiscriminadas e incontroladas y supone que prisiones abandona la política penitenciaria para hacer tareas policiales.