Tres concejales declaran ante el juez por una supuesta adjudicación irregular

Tres concejales del PP en el Ayuntamiento de Madrid -Esperanza Aguirre, Luis María Huete y José Ignacio Echeverría- declararon el martes ante el Juzgado de Instrucción número 30, que investiga una denuncia del PSOE contra toda la comisión de gobierno (el alcalde, José María Álvarez del Manzano, y 10 ediles) por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras de dos polideportivos. El grupo municipal socialista ha decidido personarse en el caso y presentar querella por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y falsedad en documento.

El juez proseguirá tomando declaración a otros ediles, según fuentes muncipales. En octubre pasado, el grupo municipal socialista presentó una denuncia en el juzgado de guardia en la que ponía de manifiesto posibles irregularidades en la adjudicación de las obras de finalización de dos poliportivos municipales: el de Pueblo Nuevo (luego privatizado) y el de Palomeras (en el Puente de Vallecas).Una vez que el juez ha admitido la denuncia y ha empezado a tomar declaración a los concejales, el PSOE presentará una querrella para ejercer la acusación particular y tener acceso a todo el proceso. El abogado que representa en este asunto al grupo socialista, José Mariano Benítez de Lugo, explica que el juez pidió una fianza de 200.000 pesetas para que el PSOE se persone como acusación particular y asegura que se ingresará ese dinero en breve.

Intención política

La concejal de Medio Ambiente, Esperanza Aguirre, manifestó ayer, que en su declaración ante el juez ("muy corta") afirmó que no existía ninguna irregularidad en la adjudicación de esas obras y que la denuncia del PSOE responde a una intención política."Juan Barranco [el portavoz socialista en el Ayuntamiento] ya ha conseguido salir en los papeles que es lo que buscaba", dijo Aguirre.

"El juez me preguntó si en la Comisión de Gobierno yo no había notado algo irregular; yo respondí que no y que, además de los concejales, en la Comisión de Gobierno están presentes el interventor y el secretario municipales, que hubiesen dicho algo si encontrasen algo ilegal", agrega.

Los hechos que ahora investiga el juez se remontan a diciembre de 1992, fecha en la que la Comisión de Gobierno convocó sendos concursos para la finalización de las obras de los dos polideportivos. Uno de ellos, el de Pueblo Nuevo (en el distrito de Ciudad Lineal) se había privatizado en julio de ese año.

Según el PSOE, ambos polideportivos estaban ya completamente finalizados e inaugurados. La memoria anual del Instituto Municipal de Deportes (IMD) corrobora que el de Pueblo Nuevo se abrió en octubre de 1992, y el de Palomeras, en junio: tres y seis meses antes de la convocatoria del concurso.

A pesar de que las obras (según la acusación) ya estaban finalizadas, 15 empresas presentaron ofertas para llevarse los 105 millones de las obras de Pueblo Nuevo y otras 23 concursaron por los 65 millones del de Palomeras.

El concejal de Obras, Enrique Villoria, firmó en marzo de 1993 una propuesta de adjudicación para otorgar el primero a Ortiz y Compañía y el segundo a Ocisa, que ya habían realizado el resto de las obras de los polideportivos.

Pero en abril el interventor del Ayuntamiento paralizó la resolución del concurso aduciendo que la partida presupuestaria (el cajón de donde debe salir el dinero) correspondía al ejercicio de 1992, obviamente ya cerrado.

Así que el equipo de gobierno decidió no resolver el concurso y adjudicar directamente las obras a las constructoras propuestas por Villoria, que eran las que habían ejecutado las obras que salieron a concurso.

Demanda de la superioridad

Esperanza Aguirre y el primer teniente de alcalde, Luis María Huete, restan importancia a estos hechos y señalan que es normal que en una obra se adjudiquen varias fases y a veces hay que continuar los trabajos por razones de seguridad.Cuando el arquitecto municipal encargado de vigilar las obras de los polideportivos ordenó que se rematasen los trabajos adujo en sus informes que se trataba de "cumplir la demanda generalizada, no sólo de la superioridad, sino del público".

"Si Barranco pretende encontrar alguna irregularidad en el PP para dar la impresión de que todos somos lo mismo, se ha equivocado", argumenta Huete.