Al margen de la ley
LA POSIBLE compra de un gran paquete de acciones de Tele 5 por parte de la cadena de televisión mexicana Televisa (noticia que algunos han publicado envuelta en nuevas fantasías sobre nuestra casa) plantea un hecho de extrema gravedad: la probable detentación, en contra de lo permitido legalmente, de casi el 90% de dicha empresa española por el actual presidente del Gobierno de Italia, Silvio Berlusconi, y el eventual traspaso de esa propiedad, construida sobre un fraude de ley, a quien durante años ha disfrutado del monopolio de la televisión privada en México.Felipe González presentó el viernes, con gran aparato propagandístico, la nueva frontera de las telecomunicaciones que debería poner a este país en la senda del futuro en un sector de desarrollo tan crucial y estratégico como ése. Sólo escepticismo podemos expresar ante sus palabras tras la comprobación de la torpeza con que el Gobierno socialista ha manejado el mapa audiovisual español. Cinco años después de las concesiones de las licencias de televisión privada, dos de las adjudicatarias están en serios apuros económicos, que les han abocado a la venta. Ninguna de ambas cadenas cumple los límites de la ley en lo que respecta a la propiedad (máximo del 25% para cada accionista), y no existen en el panorama español grupos industriales o de comunicación capaces de optar a la adquisición de esas televisiones.
Que el propietario (hasta el extremo del 80% o 90%) de una de esas cadenas sea el presidente del Gobierno italiano, para lo que ha debido cometer varias ilegalidades que, de comprobarse, podrían suponer la inmediata pérdida de la licencia, es algo más que preocupante. Aunque jurídicamente pretenda disfrazarse la situación a través de fiducias o testaferros, lo que el mercado sabe es que hay un solo vendedor de la práctica totalidad de Tele 5 (un 10% permanecería bajo control de Banesto, que posee también, intereses en Antena 3).
El anunciado comprador, Emilio Azcárraga, dirige un imperio televisivo en México, y Televisa ha sido bajo su mandato un ejemplo de desprecio a la libertad de expresión. Tan es así, que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos estuvo en peligro de naufragio al comprobar el Congreso norteamericano que las opiniones críticas en contra del acuerdo eran sistemáticamente silenciadas por la televisión de Azcárraga.
El Gobierno de Madrid, tan puntilloso en la redacción de leyes y decretos que limitan las posibilidades de los grupos y ciudadanos españoles a la hora de crecer en el sector audiovisual, ha contemplado con una facundia culpable cómo el señor Berlusconi acumulaba poder y pérdidas en Tele 5, y todavía no ha dicho nada de la transacción anunciada. Pero tendrá que hacerlo, porque las transmisiones de acciones entre propietarios de cadenas de televisión están sujetas a autorización administrativa.
Que un gobernante italiano considere la ley como un simple consejo indicativo y se dedique a burlarla con contumacia no es algo nuevo para nadie. Que lo haga impunemente en un país extranjero, aliado y amigo, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto, o es fruto de la complicidad o de la ineptitud. El Gobierno debe investigar de una vez las acusaciones de fiducias e irregularidades en Tele 5, y el Parlamento y las fuerzas políticas deben intervenir.
Es preciso dilucidar si Berlusconi ha burlado la ley, y si pretende seguir haciéndolo mediante la venta a alguien de las propias fiducias que han hecho posible su control casi total de Tele 5. Hay que recordar que los extranjeros no pertenecientes a la, Unión Europea no pueden poseer en conjunto más de un 25% de una cadena y que en ningún caso ningún accionista puede rebasar ese límite.
El modelo audiovisual español necesita una respuesta lúcida y decidida por parte de nuestras autoridades. La quiebra económica y de credibilidad de las televisiones se debe en gran parte a la ignorancia culpable de legisladores y administradores en este terreno. Los intereses particulares, las pasiones electorales y la cortedad de miras de los burócratas han logrado engendrar un verdadero monstruo en todos los aspectos. Pero antes de tratar de resolver el caos -si sabe, puede y quiere-, el Gobierno debe impedir que se acreciente. La venta de Tele 5 es un buen momento para comenzar a hacerlo.
