El fiscal recurre el fallo contra 11 de los juzgados ir por la "Operación Nécora'
El fiscal especial antidroga, Javier Zaragoza, presentó ayer en la Audiencia Nacional su recurso de casación contra la sentencia de la Operación Nécora por discrepar de la absolución de los presuntos capos Manuel Charlín y Alfredo Cordero y las penas impuestas a Laureano Oubifía, su esposa Esther Lago y otros siete procesados. En Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), los promotores de un manifiesto de protesta contra la sentencia expresaron su satisfacción por el respaldo de cinco mil firmas recogidas el domingo, entre las que se cuentan las de numerosos alcaldes y parlamentarios gallegos.
El fiscal antidroga presentó dos escritos ante la Sección Tercera Penal de la Audiencia Nacional. En el primero de ellos anuncia el recurso de casación "por infracción de ley y vulneración de preceptos constitucionales" contra la absolución de Manuel Charlín y Alfredo Cordero González y por la levedad de las condenas impuestas a otros siete procesados. El segundo escrito anuncia el recurso "por infracción de ley" contra el fallo que condenó a Laureano Oubiña y su mujer, Esther Lago, a 12 años de prisión cada uno.Charlín y Cordero fueron absueltos de la acusación de haber introducido en España un cargamento de 2.000 kilos de cocaína colombiana en colaboración con Alberto Vargas Vera, condenado a 23 años, y Alberto Cebollero Campos, condenado a 12 años.
El recurso aludirá a que el tribunal declara probado que, desde mediados de 1989, Cebollero adquirió grandes cantidades de cocaína que posteriomente redistribuía con la colaboración del colombiano Alberto Vargas Vera.
Frase capital
A continuación figura en la sentencia una frase capital para la acusación: "Para lograr envíos de la cocaína alijada en Galicia, los expresados procesados establecieron contactos con Alfredo Cordero González, mayor de edad ( ... ), reuniéndose aquéllos con éste en diversas ocasiones y manteniendo frecuentes conversaciones telefónicas, sin que conste el contenido de lo tratado en dichas reuniones ni los diálogos".Aunque no conste lo tratado por no haber sido tenidas en cuenta las conversaciones telefónicas grabadas, el texto deja claro que la finalidad de los contactos fue "lograr envíos a Madrid de la cocaína alijada en Galicia".
La sentencia añade que Cebollero y Vargas, no obstante, consiguieron la colaboración de otros nueve procesados, transportistas en su mayor parte. El fiscal ha recurrido las penas impuestas a siete de ellos. Se trata de Gerardo González Padín, José Luis Viñas Morgade, Eulogio Romero Betanzos, José Luis Abal Agra, BaltasarVilar Durán y los hermanos Antonio y Carlos González Padín. Todos ellos han sido condenados a penas de 12 años de cárcel, mientras que el fiscal les reclamaba condenas de entre 15 y 20 años.
Zaragoza no ha recurrido la condena de otros capos incriminados por el arrepentido Ricardo Portabales, como José Paz Carballo o Manuel Padín Gestoso, que recibieron penas de nueve años de cárcel. Tampoco ha recurrido la absolución de los empresarios Celso Barreiros y Carlos Goyanes.
Mientras, el presidente del Consejo del Poder Judicial, Pascual Sala, puso ayer en duda la validez de, los macróprocesos judiciales al considerar que "todo lo que se gana en espectacularidad se pierde en eficacia".
Sin hablar en concreto, según dijo, de la Operación Necora, explicó que las sentencias se dictan en función de los elementos de cargo y descargo que aparecen en el sumario, "y no en función de las opiniones que la sociedad, muy legítimamente, pueda tener para enjuiciar un determinado caso".
Las críticas de Sala a procesos como el instruido por el juez Baltasar Garzón le llevaron a ironizar sobre los nombres "exóticos" con que se conoce a estos macro procesos.
El manifiesto de protesta contra la sentencia, promovido por asociaciones de padres y colectivos antidroga de Galicia y respaldado por alcaldes y parlamentarios, expresa su apoyo a los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Carlos Bueren, instructores de diversos su marios por casos de narcotráfico y se adhierea los recursos anunciados por el Ayuntamiento de Vigo, la Fiscalía Antidroga y la Xunta.
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