LA LUCHA ANTITERRORISTA

Cuando la reinserción les unía

Ardanza se muestra pesimista sobre la posibilidad de que el Pacto de Ajuria Enea recobre el pulso vital del que gozó

Hace sólo un mes, el lehendakari, José Antonio Ardanza, trató de sentar juntos a Jaime Mayor Oreja, presidente del PP vasco y miembro de la Mesa de Ajuria Enea, y a Julen Guimon, su antecesor y firmante del pacto antiterrorista por los populares, en enero de 1988, y hoy juez en ejercicio y apartado de la política.La polémica sobre la reinserción de los presos de ETA estaba en su apogeo. El PP había puesto en cuestión la aplicación de la reinserción como parte del Pacto de Ajuria Enea y exigía el cumplimiento íntegro de las penas para los etarras. Con su oposición a la reinserción individual de estos presos se oponía al punto 9 del pacto.

Ardanza, que tiene a gala su papel como garante del Pacto de Ajuria Enea, intentaba, con esa reunión, recuperar la letra y el espíritu de aquel acuerdo, que se rubricó con unos bolígrafos, alemanes que el lehendakari regaló luego a los firmantes. Guimon había asistido, como representante de Alianza Popular (AP), al encierro de 50 horas, entre el sábado 9 de enero de 1988 y el martes 12, que costaron parir el acuerdo en el palacio presidencial vasco. Este documento era la traducción en el País Vasco del Pacto de Madrid, suscrito un mes antes.

La firma que aparece en el Pacto de Ajuria Enea es la de AP y no la del PP, un partido refundado posteriormente, y a Ardanza le preocupa que se pierda la memoria histórica. No en vano, recuerda frecuentemente que, de los siete firmantes, seis año! después sólo dos continúan asistiendo a las sesiones: Xabier Arzalluz, por el PNV, y el propio lehendakari. Dos partidos han desaparecido: CDS y Euskadiko Ezkerra. Eusko Alkartasuna ya no acude, y el representante socialista Txiki Benegas fue sustituido por Ramón Jáuregui.

Jaime Mayor Oreja, el sustituto de Guimon, no es un recién llegado a la política vasca. Por el contrario, es un profundo conocedor del terrorismo vasco y dijo que asumía totalmente la herencia del Pacto de Ajuria Enea cuando relevó en, su puesto a Guimon.

Pero la reunión estival, de rememoración histórica, no fue posible. Ardanza ignoraba, entre otras cosas, que las relaciones entre el juez Guimon y Mayor Oreja no son buenas.

Ardanza, el miércoles de madrugada, en el Casino de Madrid y poco antes de salir para un viaje de cinco días a Washington, dijo lo que con toda probabilidad hubiera puesto sobre la mesa en la frustrada reunión con Mayor Oreja y Guimon. Aseguró que la reinserción, hoy tan polémica, no presentó problemas, en enero de 1988, cuando se debatió en la Mesa de Ajuria Enea.

La única reserva, superada sin apenas debate, procedió del representante del CDS en la Mesa, Alfredo Marco Tabar. Este hombre, que había militado en la UCD vasca y había sufrido de cerca el asesinato de seis compañeros de su partido por una de las ramas de ETA entre los años 1979 y 1980, opuso algunas razones sentimentales.

Pero las razones de sus compañeros de mesa fueron poderosas. La política de reinserción de etarras había conseguido ya algunos éxitos contundentes, como el abandono de las armas de una gran parte de la rama político-militar. Y a nadie se le ocurría cuestionar esa estrategia. Ni siquiera al representante de AP, Julen Guimon, que apoyó con entusiasmo este punto.

Ardanza suele recordar que el pacto, con la reinserción individual incluida, se firmó pocos días después de que ETA realizara uno de sus atentados más crueles -el del cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, cinco de ellas niños- y a los seis meses de la salvajada de Hipercor, en Barcelona, que costó la vida a 21 personas, de ellas cuatro menores.

En la memoria de los participantes en la cumbre queda la intervención de Kepa Aulestia, el representante de Euskadiko Ezkerra,quien manifestó reiteradamente aquello de "flexibilidad con el individuo y dureza con la organización", en claro alegato en favor de la reinserción individual.

El punto de mayor discrepancia del representante de AP, Julen Guimon, y que causó algunos problemas en la negociación en la tarde del 11 de enero, fue Navarra. Guimon se oponía a que el texto del pacto antiterrorista hiciera una referencia política a la región hermana de la vasca.

Consultó telefónicamente con el entonces presidente de AP, Antonio Hernández Mancha. Éste delegó en el líder navarro del partido, Jaime Ignacio del Burgo. En ausencia de Del Burgo, fue Jesús Aizpún el que dio luz verde a Guimón, con el visto bueno de Hernández Mancha.

El representante de AP, esta vez en compañía del entonces secretario general de los socialistas vascos, Txiki Benegas, protagonizó otro debate frente a los nacionalistas: su negativa a mezclar consideraciones políticas en el texto. La discusión absorbió toda la jornada del domingo 10 de enero. Al final se llegó a un acuerdo salomónico. El PSOE y AP cedían, pero arrancaban a los nacionalistas la negativa a que el cese del uso de las armas por ETA llevara aparejada una negociación política con los terroristas. Así consta en el texto final del acuerdo.

Pero no fue, ni de lejos, el representante de AP el miembro más crítico de la cumbre. Sin lugar a dudas lo fue el representante de Eusko Alkartasuna, Iñaki Oliveri, que estuvo en permanente contacto telefónico con el líder de su partido, el ex lehendakari Carlos Garaikoetxea. Oliveri llegó a abandonar la reunión, la noche del 11 de enero, dando un portazo, y se reincorporó a primera hora de la tarde del día siguiente.

La tasación de las competencias de la Ertzaintza y las garantías en el desarrollo del Estatuto de Gernika fueron los aspectos que estuvieron a punto ole evitar que de la cumbre se saliera con un acuerdo. El riesgo de ruptura procedió, sobre todo, de los partidos nacionalistas, y algunas de las discusiones, con la perspectiva de más de seis años, suscitarían hoy las sonrisas de: los observadores. De hecho, la única reserva escrita que aparece en el Pacto de Ajuria Enea es la introducida por Eusko Alkartasuna.

La evolución política, posterior es la que cambia las posiciones del PP, ya refundado, y con José María Aznar como líder. El congreso del PP de febrero de 1993 introduce la cláusula por la que los terroristas y narcotraficantes deben cumplir íntegramente las penas, lo que, dicho sin matices, se opone al punto 9 del pacto vasco.

Ahí empiezan los problemas. Ardanza cree que el acuerdo es revisable, pero condena enérgicamente que se polemice públicamente sobre su contenido, porque la regla de oro del pacto es precisamente la unidad democrática contra el terrorismo.

Ardanza se manifiesta muy crítico con el PP por su actitud en la polémica. El miércoles de madrugada, en el Casino de Madrid, desmintió que al PP no se le haya informado sobre la docena de excarcelaciones de etarras que han levantado la polémica. Aseguró que la representación del PP fue informada hace meses de esos movimientos en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco.

Ardanza cree también que es una incongruencia que se apoye la dispersión de los presos si no tiene como finalidad una reinserción que se realiza con todos los controles del mundo. Es pesimista sobre la posibilidad de que el pacto recupere el pulso vital que tuvo porque, a su juicio., se han mezclado en esta historia las aspiraciones del PP de derribar al Gobierno de Felipe González.

Artículo 9

"En consonancia con las resoluciones adoptadas por unanimidad por el Parlamento vasco, consideramos válidas y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto".

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 14 de septiembre de 1994.

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