Espejos y jarrones

Además de meter el miedo en el cuerpo a los supersticiosos, la rotura de un espejo en mil añicos carece de arreglo; por contra, los pactos políticos comparten con los jarrones de porcelana la suerte de poder ser recompuestos siempre que los restauradores junten con cuidado los trozos del estropicio y los encolen con destreza. Dentro de ocho días, las fuerzas democráticas tendrán la oportunidad de mostrar su habilidad para esa delicada tarea reparando las fisuras recientemente aparecidas en ese frágil artilugio que es la política antiterrorista. Porque las críticas lanzadas a lo largo de todo el verano por los dirigentes del PP contra los criterios y los estilos utilizados por el Ministerio de Justicia e Interior para aplicar el tercer grado penitenciario a varios reclusos de ETA han agrietado el llamado Pacto de Ajuria Enea, suscrito a comienzos de 1988 como principal instrumento de esa estrategia común.La circunstancia de que los populares se hayan quedado solos en su áspera pelea con el PSOE, PNV, CiU e IU no hará menos imprescindible su asentimiento el próximo día 14; dado que la política antiterrorista exige el consenso de todas las fuerzas democráticas, los restantes partidos deberán negociar con el PP un mínimo común denominador sobre la reinserción de los presos y demás cuestiones conexas. La presencia de la derecha en los grandes acuerdos de Estado se remonta a la etapa constituyente. Cualquier maniobra orientada a negar ahora al PP de Aznar (y a sus ocho millones de votantes) la legitimidad reconocida en 1977 a la AP de Manuel Fraga (y a su residual electorado neofranquista) no sería sólo desestabilizadora; el bufo invento del bloque constitucional promovido por José María Benegas durante la pasada legislatura para excluir a los populares del arco democrático sirvió para mostrar el corto recorrido de esas marrulleras operaciones.

Los socialistas acusan a los populares de haberse lanzado a este debate no tanto por defender sus convicciones como por ventear la rentabilidad electoral de su intransigencia. Quizás la crítica sea acertada; la sobreactuación de los dirigentes del PP tras el asesinato del teniente general Veguillas fue repulsiva. Sucede, sin embargo, que una de las funciones asignadas por el sistema democrático a los partidos es la articulación y la expresión de las demandas latentes en la sociedad; y también que sería dificil encontrar en la vida pública española formaciones partidistas con el derecho evangélico a arrojar la primera piedra en una ceremonia de lapidación del oportunismo electoral.

La polémica, por lo demás, ha desbordado ampliamente los términos relativamente precisos de las discusiones técnico-jurídicas para invadir terrenos relacionados con la equidad, los conflictos morales y la eficacia política de la estrategia antiterrorista. Desde luego, el paso al tercer grado de varios condenados de ETA y de los ex-policías Amedo y Domínguez, un beneficio que les permite trabajar fuera de la prisión y sólo les obliga a pernoctar dentro de sus muros, ha sido decidido por el Ministerio de Justicia e Interior en el marco de la Ley Penitenciaria y en el ejercicio de sus competencias. Sucede, sin embargo, que la excarcelación parcial de los antiguos terroristas (de ETA o de los GAL) tras haber cumplido un reducido porcentaje de sus larguísimas condenas no sólo ha provocado el comprensible rechazo de los familiares y de los amigos de las víctimas; también ha suscitado preocupadas preguntas en el resto de la sociedad, con independencia de las simpatías o antipatías hacia el PP de quienes las formularan.

¿Se está aplicando el tercer grado a los reclusos de ETA según los principios rigurosos de la política penitenciaria o de acuerdo con las flexibles conveniencias de la política a secas? ¿No estaría más conforme con el espíritu constitucional atribuir un mayor papel a los jueces en este proceso, reformando si fuese preciso la Ley Penitenciaria? Si bien la huelga de hambre ordenada por ETA a sus presos -como paradójica protesta contra una reinserción social que podría favorecerles en el futuro- ha probado que la aplicación selectiva del tercer grado debilita la moral de resistencia de la banda armada, ¿no alentaría la multiplicación de esa medida ensueños de impunidad entre los potenciales reclutas de la organización terrorista? Abstracción hecha de la eficacia global de los beneficios penitenciarios para acabar con ETA, ¿sería sensato arruinar un acuerdo con el PP sobre estrategia antiterrorista por el empeño del Gobierno en mantener contra viento y marea la actual forma de administrarlos? El día en que ETA entierre las armas esas preguntas perderán buena parte de su sentido; entre tanto, continúan siendo pertinentes, y están abiertas a muy diferentes respuestas por parte de los demócratas.